Víctimas piden hacer públicos los archivos del DAS

lapipaco30 enero, 20197min4149
Organizaciones de derechos humanos y de víctimas le piden a la JEP que proteja, organice y haga públicos los archivos del DAS debido a la gran cantidad de pruebas sobre su vinculación en graves violaciones a los derechos humanos desde las década de los 80

Las organizaciones presentaron concepto técnico ante la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) en la primera sesión de la Mesa Técnica para verificar las condiciones de preservación y acceso a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a la que fueron convocados por la SRVR, de la Justicie Especial para la Paz (JEP).

En la intervención se evidenciaron investigaciones judiciales y periodísticas documentando la participación del DAS en la violencia política del país; desde la creación de las autodefensas hace 30 años en el municipio de Puerto Boyacá, pasando por los homicidios de Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Garzón Forero y Alfredo Correa de Andreis.

Además de numerosas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, hasta el escándalo de las chuzadas ilegales a políticos, periodistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y defensores de derechos humanos que terminó con el cierre de esta entidad.

Por otro lado, las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos también han denunciado el riesgo en el cual se encuentran dichos archivos, según los mismos reportes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Archivo General de la Nación (AGN).

Si no se organizan para saber qué contienen y preservarlos, estamos ante el riesgo de que la verdad plena sobre el papel de esta entidad en tantos años de violencia política en el país quede sepultada entre los más de doce mil (12.509) volúmenes que componen el archivo.” Manifestaron las organizaciones denunciantes.

Sobre la confidencialidad de los archivos, también solicitan no poner reserva alguna a las víctimas y sociedad civil para su acceder y consultar estos documentos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, justamente por tratarse de archivos relacionados con graves violaciones a los DD.HH. y al DIH según se argumentó en la intervención.

En ese sentido, el argumento de que el acceso a dichos archivos siempre compromete la seguridad nacional debe ser modulado por la JEP para facilitar su acceso a la sociedad en general según los estándares nacionales e internacionales.

Imagen: Colectivo de abogados.org

Por último, las organizaciones proponen inicialmente a la JEP diez recomendaciones para facilitar el acceso de las víctimas y de la sociedad a dichos archivos:

  1. Confirmar la decisión de suspender el proceso de depuración en el que avanza el Sistema Nacional de Depuración de Archivos, creado mediante el Decreto 2149 del 20 de diciembre de 2017.
  2.  Implementar una moratoria para la depuración de archivos del DAS de al menos 10 años, conforme las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia.
  3. Ordenar al AGN que en ejercicio de sus funciones de custodiar y conservar los archivos, asuma la labor de verificar e inventariar los archivos respetando los criterios de producción y génesis al interior del DAS y sus dependencias, y posteriormente, organizar, clasificar y, en general, aplicar los procedimientos archivísticos al archivo como presupuesto necesario para garantizar su conservación.
  4. Nombrar un comité técnico con participación de organizaciones especializadas, de la sociedad civil y las víctimas para acompañar el proceso de inventario de los archivos de inteligencia, y que cumpla con criterios de autonomía e independencia.
  5. Ordenar al DNI la entrega inmediata y sin reserva de los protocolos de seguridad para el acceso y consulta de los archivos del DAS.
  6. Conservar la facultad para decidir sobre el acceso y consulta, y en ejercicio de la misma, definir un procedimiento ágil para resolver las solicitudes de acceso y consulta de los archivos a las víctimas y de la sociedad en general.
  7. Aplicar el criterio de máxima divulgación de los archivos y aplicar presunciones de acceso, no siendo válidas limitaciones genéricas por razones de seguridad nacional.
  8. En caso de configurarse límites constitucionales para el acceso y consulta de los archivos, como el respeto a los derechos de las víctimas a su intimidad, entre otros, ordenar la realización de versiones publicables de los documentos.
  9. Una vez se cuente con un cúmulo de archivos debidamente clasificados y organizados según reglas y estándares archivísticos, evaluar si con la información disponible se debe a) abrir un caso sobre los crímenes cometidos por el DAS; b) construir contextos a través del GRAI que refuercen la labor de las Salas y Secciones; c) remitir a la UIA para las investigaciones que asuma en el marco de sus competencias; d) compartir con los demás organismos del SIVJRNR en el marco del principio de integralidad.
  10. Continuar con la verificación de las órdenes impartidas por la Sala y dictar nuevas órdenes a través de esta Mesa Técnica, en ejercicio del procedimiento de seguimiento a las medidas cautelares reglamentado en la ley 1922 de 2018

 

Con información de Colectivo de abogados.org
*Imagen tomada de Colombia 2020


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