PND le incumple a las Universidades públicas

lapipaco26 febrero, 201914min94
movilización estudiantil
El PND del Presidente Duque, le haría conejo a los estudiantes y docentes que se manifestaron en 2018 por la grave crisis financiera de las Universidades Públicas

Por: unperiodico.unal.edu.co*

Mientras tres de los seis puntos acordados en la Mesa de Diálogo con el Gobierno no tienen un soporte normativo en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, que se debate en el Congreso de la República, la materialización de los otros puntos, aunque incluidos en el Plan, se enfrentarían a restricciones presupuestales.

Durante el segundo semestre de 2018 los estudiantes y docentes de las 32 universidades públicas del país desarrollaron un amplio proceso de movilización. Este permitió instalar una Mesa de Diálogo con el Gobierno que alcanzó una serie de acuerdos en materia financiera, normativa y de garantías de participación. Específicamente, en lo que concierne al PND 2018-2022, el Gobierno se comprometió a incluir un conjunto de iniciativas tendientes a impulsar:

  1. Una reforma integral del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex);
  2. El saneamiento de pasivos de las instituciones de educación superior (IES) públicas por valor de 500.000 millones de pesos;
  3. La destinación a las IES de saldos presupuestales apropiados y no comprometidos del Presupuesto General de la Nación (PGN);
  4. La habilitación legal para la transferencia de recursos del PGN a funcionamiento de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias (ITTU);
  5. Una revisión integral de las fuentes y los usos de los recursos de las IES públicas para garantizar su financiamiento y sostenibilidad, y la consecuente preparación de un documento que sirva de insumo para modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992;
  6. Las estrategias requeridas para desarrollar un “Pacto por la educación” en Colombia.

¿En qué medida el PND propuesto por el gobierno de Iván Duque materializa los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo con estudiantes y profesores? Responder a esta pregunta significa analizar las bases del Plan, del Plan Plurianual de Inversiones que lo soporta, y del proyecto de ley radicado ante el Congreso de la República.

Las bases del PND

El PND 2018-2022 dice que su objetivo fundamental es buscar un país más equitativo. Afirma que la legalidad y el emprendimiento serán los pilares mediante los cuales se obtendrá dicho objetivo fundamental. En este sentido, propone la “Ecuación del bienestar”, según la cual, Legalidad + Emprendimiento = Equidad.

Según el Plan, se requiere de un Estado capaz de consolidar una “política social moderna” que conecte los sectores más vulnerables del país al mercado, para que, por sí mismos (“emprendimiento”) y con cierto tipo de ayudas focalizadas (“igualdad de oportunidades”), gestionen su situación de desventaja. De esta manera, las acciones estratégicas del PND se soportan en un criterio de focalización + excelencia.

Por lo tanto, la educación superior no se asume como un bien que se debe garantizar a cada joven simplemente por el hecho de ser humano, sino que está sujeto a una combinación de vulnerabilidad y mérito individual. Así, se garantiza el acceso privilegiando el subsidio focalizado a la demanda y los mecanismos de crédito educativo: de ahí la idea gubernamental de garantizar el pago de las matrículas de los estudiantes más vulnerables en las universidades públicas (pero no de asumir el costo real de dichos estudiantes), y la intención de fortalecer financieramente al Icetex. En este sentido, la concepción de educación que se advierte en las bases del PND contraría el sentido y la perspectiva de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo.

El Plan Plurianual de Inversiones

El Plan Plurianual de Inversiones propuesto indica que el sector educativo recibirá recursos por 216,5 billones de pesos: 135,7 billones (el 63 %) provendrán del PGN, los 80,7 billones restantes serán aportes del sector privado. En otras palabras, si se descuentan los recursos que se espera financie el sector privado, los aportes del Gobierno a la educación del país serán de alrededor de 45 billones de pesos anuales entre 2020 y 2022.

Esa variación no es sustancial si se tiene en cuenta que en 2019 el nivel de gasto en educación alcanzará los 41,4 billones de pesos. Además queda claro que la mayor parte de la variación recaería en los “recursos privados”. Valdría la pena aclarar si por estos recursos se entiende aumentos en las matrículas, créditos educativos no condonables, donaciones del sector privado o modalidades de alianzas público-privadas. En todos los casos, un paso más hacia la privatización.

¿Será suficiente el esfuerzo presupuestal previsto por el Gobierno si se tiene en cuenta que, solo para la educación superior, el Acuerdo establecido con los estudiantes y los profesores prevé aportes por 2,64 billones de pesos provenientes del PGN? ¿Qué pasará con las metas que se establecen en los otros niveles del sistema educativo? ¿Es factible el riesgo del incumplimiento del Acuerdo en educación superior, dado el desfinanciamiento público que enfrenta el sistema educativo en su conjunto?

El proyecto de ley del PND

Además de las dudas financieras que arroja el PND para el sector educativo, es posible advertir algunos incumplimientos de lo acordado en el articulado radicado ante el Congreso de la República por el gobierno de Iván Duque:

  • Recursos de funcionamiento a la base presupuestal.Aunque el Acuerdo no establecía explícitamente la incorporación del tema en el PND, se ha consignado un artículo con los porcentajes establecidos (artículo 108). Este rubro será financiado con recursos del PGN, lo cual reafirma la preocupación ya mencionada en materia de financiamiento.
  • Reforma integral al Icetex.Los artículos 110 y 111 del PND establecen lineamientos referidos al Instituto. Sin embargo estos no incluyen la necesidad de hacer una reforma integral, tal como se estableció en el Acuerdo. No se abre, entonces, el escenario para reformar la Ley 1911 de 2018, que establece el modelo de financiación contingente del ingreso. Además se mantiene la filosofía de los programas “Ser Pilo Paga” y “Generación E”, en cuanto a focalización, subsidio a la demanda, crédito educativo y mérito individual.
  • Saneamiento de pasivos.Esta obligación queda consignada en el artículo 108 del PND, aunque no se establece puntualmente el valor; se aclara que no formarán parte de la base presupuestal. Como se dijo, este rubro será financiado con recursos del PGN, lo cual reafirma la preocupación ya mencionada en materia de financiamiento, pues del Acuerdo se desprende que son recursos distintos a aquellos que se canalizarán hacia el funcionamiento y la base presupuestal.
  • Destinación a las IES de saldos presupuestales apropiados y no comprometidos del PGN.No existe ningún artículo relacionado con este acuerdo, que representa recursos hasta por 300.000 millones de pesos en 2019. De ahí que se prevea un desfinanciamiento del Acuerdo por un monto similar.
  • Habilitación legal para la transferencia de recursos del PGN a funcionamiento de las ITTU. Se habilita la transferencia de recursos.
  • Modificación a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.No se incluye un artículo queestablezca “la revisión integral de las fuentes y los usos”, o “el establecimiento de una propuesta de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 según criterios de universalidad y equidad”, por ejemplo.
  • Las estrategias para materializar el “Pacto por la educación”. Los principios de la “política social moderna” son contrarios a los propósitos que tendría el “Pacto por la educación” propuesto por estudiantes y profesores, que defiende principios de universalización, derecho a la educación y gratuidad.

En el marco de la discusión que se desarrolla en el Congreso de la República es importante exigir que se hagan las modificaciones en el articulado a los asuntos que distorsionan lo acordado, además de incluir lo que está ausente.

En conclusión

  • No es claro cómo se garantizará la financiación del Acuerdo en la educación superior, ni cómo se lograrán las metas que se proponen para todo el sector educativo.
  • Tres de los seis puntos acordados en la Mesa de Diálogo no tienen un soporte normativo en el articulado del PND: destinación de saldos presupuestales para 2019, modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, y “Pacto por la educación”.
  • Sobre la reforma al Icetex no existe claridad, pues se proponen líneas de fortalecimiento en su rol tradicional.
  • Los demás puntos del Acuerdo se incluyen en el artículo 108 del PND, pero su materialización se enfrenta a las restricciones presupuestales arriba mencionadas.
  • El avance hacia la consolidación de un “Pacto por la educación”, en los términos defendidos por el Acuerdo con los estudiantes y profesores, no responde a los principios de la “política social moderna” propuestos por el Gobierno.

El riesgo de desfigurar o incumplir el Acuerdo es latente. En el marco de la discusión que se desarrolla en el Congreso de la República es importante exigir que se hagan las modificaciones en el articulado a los asuntos que distorsionan lo acordado, además de incluir lo que está ausente. Los compromisos asumidos por el Gobierno nacional con el movimiento estudiantil y profesoral se deben cumplir guardando fidelidad al espíritu de lo acordado, esto es, la “construcción de acuerdos y soluciones que permitan resolver la situación actual de la educación superior […] garantizar de forma idónea y eficaz el derecho a la educación de los colombianos”.

 


* Andrés Felipe Mora Cortésprofesor, Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana
Carolina Jiménez Martínprofesora, Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia
Daniel Libreros Caicedoprofesor, Departamento de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia


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