Paz con la naturaleza, el siguiente paso del Posconflicto

Juan Guillermo Hernández Lombo25 septiembre, 201815min13870
Las huellas de la guerra, como la deforestación, el agotamiento de las fuentes hídricas a causa de cultivos ilícitos, la minería ilegal y los atentados a oleoductos, han sido algunas de las secuelas ambientales de este largo conflicto armado en nuestro país.

“La paz con la naturaleza conlleva el tránsito hacia el ‘Buen Vivir’ en los territorios en conflicto”

Al mismo tiempo que Colombia está buscando el camino hacia la Paz con la implementación de los acuerdos de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc, el mundo debate sobre cómo garantizar la sostenibilidad ambiental del planeta hacia el futuro. En otras palabras, mientras el mundo se piensa la forma de garantizar la existencia humana, nosotros apenas estamos pensándonos la forma de asegurarnos nuestra existencia como sociedad, un verdadero traslape de contextos.

Hoy en nuestro país, en el marco de la actual contexto de Postconflicto, nos encontramos ante la necesidad de adelantar un amplio debate sobre el impacto ecológico/ambiental de una guerra de mas de 50 años y la victimización de la naturaleza.

Así pues, resulta impostergable replantear el modelo de desarrollo extractivista y agroindustrial que predomina en el territorio nacional, reduciendo la naturaleza a simple proveedora de recursos, subordinada siempre a la acción humana, poniendo en riesgo la vida de los ecosistemas y las comunidades. Bajo este modelo germinó todo el oscuro periodo de nuestra historia conocido como “La Violencia”, que se mantiene hasta nuestros días y que el país busca terminar.

Los desplazamientos masivos y despoblamientos de nuestros campos, a causa de procesos de colonización impulsados por el narcotráfico, la megaminería y los grandes capitales agroindustriales, implican una ruptura del vínculo entre nuestros campesinos con su entorno y el propio equilibrio ambiental de esos ecosistemas. Lo anterior, han sido consecuencias directas de ese choque de intereses que nos genera un modelo de desarrollo como el que actualmente experimentamos.

Paralelo a la discusión de los últimos años, el mundo ha girado en torno a la construcción de la agenda post 2015, recordemos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio terminaron al final de ese año, y desde el 2016 se ha puesto en marcha oficialmente la audaz y transformadora agenda 2030 para el desarrollo sostenible , la que fue adoptada por líderes mundiales precisamente hace ya un año -en septiembre pasado- en el seno de las Naciones Unidas.

Esta nueva agenda insta a los países a iniciar esfuerzos para lograr 17 Objetivos que han sido denominados como de Desarrollo Sostenible (ODS) en un término que no supere los próximos 15 años.

Nos adentramos entonces a una nueva era, en la que los países a nivel mundial han trazado nuevos objetivos hacia el logro de la sostenibilidad ambiental de las ciudades. Pues han tenido que reconocer que más de la mitad de la población mundial vive en ellas y Colombia no es la excepción.

En el país, tras la firma de los acuerdos de Paz con las Farc, fueron priorizados 170 municipios por ser históricamente los más afectados con el conflicto armado. Un conflicto que además de causar violaciones a los derechos humanos, ha conllevado también y de manera casi silenciosa una afectación ambiental sin precedentes sobre sus territorios.

Las huellas de la guerra, como la deforestación, el agotamiento de las fuentes hídricas a causa de cultivos ilícitos, la minería ilegal y los atentados a oleoductos, han sido algunas de las secuelas ambientales de este largo conflicto armado en nuestro país; por ello el llamado a buscar una Paz integral, una Paz con todos, se hace incluyendo también a la naturaleza.

Pensando en buscar la reconciliación con el medio ambiente, como una victima más de esa absurda guerra que derramó la sangre de tantos colombianos, pero que también derramó, a lo largo del nuestro país, miles de galones de petróleo, producto de las voladuras a los oleoductos, terminaron esparcidos por rios, quebradas y humedales, afectando por igual al ser humano y su entorno ambiental.

Al respecto, la Asamblea General de la ONU, mediante Resolución 47/37 de 1993, se refirió a la protección del ambiente en tiempos de conflicto armado, al reconocer “que ciertos medios y métodos bélicos pueden surtir efectos desastrosos sobre el medio ambiente”. En dicho documento, se  expresa la preocupación por los daños al ambiente y al agotamiento de recursos naturales, incluida la destrucción de pozos y el vertimiento de petróleo a las fuentes hídricas. Señala, que el derecho internacional prohíbe estos actos y, que por tanto, tales disposiciones deben ser ampliamente difundidas.

Posteriormente, la misma Asamblea declaró el 6 de noviembre como el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar la naturaleza para las generaciones venideras y considerando que los daños causados al ambiente por los conflictos armados, siguen afectando los ecosistemas y los recursos naturales mucho después de terminado el conflicto, incluso trascendiendo a la generación actual.

En el punto 5 del Acuerdo de Paz suscrito, se señala expresamente que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es un órgano temporal (tendrá una duración de 3 años) y extra-judicial, que busca conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones, promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de quienes participaron en el conflicto armado, así como promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición.

Esta Comisión tiene el mandato de esclarecer y promover el reconocimiento del impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos ambientales entre otros aspectos. (5.1.1.1.2.).

A su vez, el Tribunal para la Paz como órgano de cierre de la jurisdicción especial para la paz, puede imponer un listado de sanciones que el Acuerdo señala de manera expresa. En relación con los comparecientes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidades que reconozcan verdad exhaustiva, detallada y plena, el Acuerdo considera que pueden presentar un proyecto, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas. Entre esas sanciones, se incluyen expresamente en zonas rurales:

  • Participación/ejecución de programas de protección medio ambiental de zonas de reserva
  • Participación/ejecución en programas de recuperación ambiental de las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito.

Todas estas sanciones restauradoras y reparativas tienen relación con derechos colectivos constitucionalmente establecidas como el del goce a un ambiente sano, el equilibrio ecológico, la prestación de servicios públicos domiciliarios, la salubridad pública y el saneamiento, el espacio público, entre otros; y su implementación se debe relacionar con los mandatos relativos a esos derechos de que tratan los puntos 1 sobre “Reforma Rural Integral” y 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” del Acuerdo de Paz; de manera que las obligaciones allí contenidas se armonicen para una implementación comprehensiva.

Adicionalmente, las FARC se comprometen en el proceso de reincorporación integral a la vida civil para la construcción de Paz integral estable y duradera, a realizar acciones de contribución a la reparación por los daños causados que podrán incluir: la participación en programas de reparación del daño ambiental. (Punto 5.1.3.2. del Acuerdo de Paz).

De tal suerte que estamos ante nuevas realidades que demandan nuevos desafíos, dentro de los cuales están: lograr la mitigación del cambio climático, asumir el consumo consciente de bienes y servicios, lograr la gestión sostenible de los residuos urbanos, promover el uso eficiente de la energía, avanzar hacia la movilidad limpia, alcanzar un adecuado metabolismo hídrico y garantizar la soberanía alimentaria.

Este es un momento crucial para el país, en el que debe confluir eficazmente la agenda global por superar la incertidumbre ambiental con el propósito nacional de alcanzar la Paz integral, estable y duradera, que garantice el respeto a todas las formas de vida.

En el actual escenario de incertidumbre ecológica, es necesario encontrar caminos distintos a la inercia depredadora del “desarrollo”. Los movimientos sociales campesinos e indígenas de América Latina vienen enseñándonos y mostrándonos el camino del “Vivir Bien” o el “Buen Vivir”, que privilegia el respeto y el reconocimiento de todas las formas de vida presentes en la naturaleza, de la que hacemos parte.  El “Buen Vivir” está presente en aquellos pueblos que apuestan por la cultura de la vida.

Las nuevas conflictivdades empezarán a girar en torno a la defensa de la vida en todas sus expresiones y del territorio, en Departamento del Tolima esas nuevas conflictividades ya las hemos empezado a experimentar, las luchas de los habitantes de Piedras y Cajamarca contra las multinacionales mineras son un claro ejemplo de ello.

En la actualidad, la voz de alerta por la explotación de petrólero a través de fracking en el Bosque de Galilea, ubicado en los Municipios de Cunday, Dolores, Prado, e Icononzo, y el inicio del poryecto para la Construcción de HidroTotare en Venadillo, se suman a los conflictos ambientales que experimenta hoy el país y que esta vez vuelve a dejar nuevamente a las comunidades en medio de unos conflictos que no merecen y sobre todo, de los que en principio no son tampoco sus autores.

Así pues, las comunidades deben desde la base construir propuestas políticas concretas que permitan materializar la paz con la naturaleza en todo el territorio nacional. La construcción de una agenda básica que incluya las siguientes premisas:

  1. Promover un ordenamiento del territorio que reconozca los derechos de la naturaleza, que respete todas las formas de vida en los ecosistemas de los que hacemos parte, y se enfrente al actual modelo de desarrollo extractivista.
  2. Impulsar el cambio cultural necesario para repensar el paradigma consumista y para transformar nuestra relación con la naturaleza.
  3. Transformar nuestra relación con los residuos sólidos urbanos (conocidos como basura) para encaminar los esfuerzos hacia el cierre definitivo de los rellenos sanitarios y promover la cultura del reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible.
  4. Procurar la implementación de fuentes de energía renovable, y la supresión del uso de energía basada en combustibles fósiles, en los municipios más golpeados por el conflicto armado y en las grandes ciudades.
  5. Propugnar por la adopción de la movilidad limpia y no motorizada, que promueva la intermodalidad, que incremente la calidad de vida y disminuya las emisiones.
  6. Defender la autonomía de las comunidades para la autoderterminación de su territorio y la protección de sus estructuras ecológicas.

Una agenda que tenga en cuenta las anteriores premisas deberá ser garantizada por un marco jurídico de carácter transicional que reconozca los derechos de las poblaciones y los derechos de la naturaleza, construida de la mano de las comunidades, incluyendo a los actores armados y promovida desde el Estado.


Por: Juan Hernandez y Erick Jerena

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