Nuevo ciclo de desgobierno y crisis financiera en la U.T, ¿Hasta cuándo?

Alexander Martínez www.lapipa.co
lapipaco5 noviembre, 201824min440
Las recientes decisiones del Tribunal Administrativo del Tolima, constituyen un nuevo capítulo de la interminable guerra política por el control burocrático de la Universidad del Tolima. ¿Se cocina un pacto entre políticos, magistrados y sindicatos para detener las reformas que necesita la universidad?

Para los políticos profesionales del departamento – escribimos el año pasado – la Universidad del Tolima conforma junto a Cortolima, el hospital Federico Lleras Acosta, la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué, el gran botín de las elecciones. La meta es quedarse con las cinco entidades o por lo menos hacerse a las más jugosas en términos presupuestales y de burocracia.

Sumando los presupuestos de inversión de las cinco entidades para una vigencia fiscal, la cifra sobrepasa el medio billón de pesos ($500 mil millones). A eso hay que sumarle las nóminas paralelas, “los contratistas”, que podrían llegar a cinco mil personas año.

En el control de la ejecución presupuestal y la contratación burocrática reside el capital electoral (y económico) de los políticos, su prestigio y la proyección de su actividad política.

Por eso, la pelea por quedarse con estos “activos” es a muerte. 

Las recientes decisiones del Tribunal Administrativo del Tolima que tienen en jaque la administración de la Universidad del Tolima, se enmarcan en esa disputa política por la burocracia y el presupuesto de la casa de estudios superiores más grande del departamento.

Sobre el particular, conversamos con el profesor Alexander Martínez Rivillas,  filósofo, ingeniero y geógrafo, adscrito a la Facultad de Agronomía. Martínez es suplente de la representación profesoral al Consejo Superior de la UT.

La Pipa: ¿Cuál es su opinión general del fallo del tribunal?

Alexander Martínez Rivillas: Es inaceptable. Pretende destruir los basamentos constitucionales y legales de la autonomía universitaria. Lo que no es raro en la región. Por ejemplo, las reglamentaciones que aplican al poder público no se pueden trasladar a la universidad, y los magistrados deberían respetar esta idea rectora, claramente expuesta en la Sentencia C-220 de 1997.

LP: Pero, ¿Es cierto o no que la universidad congeló las elecciones para las representaciones?

AMR: Es cierto. De la misma manera que en un municipio se pueden suspender elecciones por un desastre natural, una asonada, una toma guerrillera, o porque no hay recursos para el funcionamiento de la administración, y millones más de razones, el Consejo Superior congeló las elecciones porque la universidad pasaba por cierres de distintos actores, se encontraba ad portas de una intervención total del Ministerio de Educación, no contaban con los recursos suficientes para pagar las deudas, salarios y primas, y para acabar de completar, las elecciones de decanos eran vergonzosos actos de politiquería: se regalaba aguardiente, camisetas, diplomados, y por supuesto, cargos burocráticos, que incluso eran mejor remunerados que un profesor con doctorado.

LP: ¿El Consejo Superior no podía garantizar las reformas con elecciones?

AMR: La finalidad de los acuerdos del Consejo Superior fue conjurar ese caos financiero que sobrepasaba los $24.000 millones de déficit de funcionamiento (no de inversión, que nunca ha sido atendido desde que se fundó la UT) que nos dejó la administración de José Herman Muñoz (y que permanece impune, lo que es una vergüenza nacional), y evitar el cierre del semestre de la institución.

Sobre su pregunta hay que decir dos cosas separadas. ¿Usted cree que los decanos y representantes elegidos en su momento y que hicieron silencio cómplice con esa debacle financiera del señor Ñungo iban a realizar alguna reforma?

Incluso, esas directivas firmaron un plan de austeridad que acababa con el servicio del restaurante y de las residencias de los estudiantes, con tal de dejar intacta una burocracia designada clientelarmente (le recomiendo revisar el punto 11 de su fatal plan de austeridad de 2016).

Para ampliar: “Volvería a huelga si fuera necesario”: Carlos Gamboa

 

José Herman Muñoz Ñungo fue elegido rector en 2012, reelegido en 2015, y renunció al cargo en 2016. Era la ficha de los liberales Luis Carlos Delgado Peñón,  Guillermo Santos y Mauricio Jaramillo. Foto: suministrada

Para ampliar: El físico que reventó la UT

LP: ¿Pero las elecciones no garantizan una renovación?

AMR: ¿Y usted cree que, con las reglas eleccionarias existentes de rector, decanos, representantes de profesores, egresados, directivas y estudiantes, entre otros, iban a desarrollarse en la utopía habermasiana de la democracia deliberativa, y nadie habría de defender sus intereses personales y a sus clientelas?

Las elecciones en procesos de reestructuración originados en esas crisis profundas no son y no pueden ser “normales”.

Se convierten en un espectáculo politiquero que, al parecer, le es defensable al tribunal. Por eso se inventó la autonomía universitaria, y ese fue el sentido del “Grito de Córdoba” de 1918 que deberían conocer en profundidad esos jueces.

En la universidad se puede y se debe ampliar o suspender los calendarios de elecciones por tiempos razonables ante situaciones de ingobernabilidad e inviabilidad financiera. Así lo han hecho casi todas las universidades públicas de Colombia.

Por eso, el Tribunal no considera las graves implicaciones de desconocer las competencias reglamentarias especiales del Consejo Superior y su capacidad para generar políticas universitarias en virtud de la Ley 30 de 1992, y con sus fallos solo ayuda a destruir la autonomía. 

LP: La universidad, según el Tribunal, no está observando sus propias normas, ¿Eso es cierto o no?

AMR: No es cierto. Por ejemplo, los representantes profesorales tenemos ampliación automática de vigencia del periodo por acuerdo del Superior (el artículo 19 del acuerdo 031 de 1991 lo deja claro). Lo mismo aplica a la ampliación del periodo del estudiante (el artículo único del acuerdo 012 de 2007 lo ordena así).

Por asuntos prácticos como vacaciones docentes, paros de uno o varios estamentos, asambleas permanentes de estudiantes o docentes, o por crisis internas que ya comenté, se amplían dichos periodos, lo que obedece al tráfago normal de la institución, al cual el Tribunal le pretende imponer un rasero propio del poder público, lo que es ilegal y anticonstitucional.

Otro ejemplo es la “elección” que trae a cuento el Tribunal. La universidad no tiene elección directa de rector. Tampoco tenía una norma relativa a rector interino, transitorio o encargado, a posteriori de su remoción.

Todo ello había sido derogado anteriormente como estratagema para evitar que un grupo de presión la usara para remover rector. Por esa razón nos vimos en la obligación de crear una norma que previera rector en transición o interino, para poder enfrentar la renuncia del señor Muñoz Ñungo y estabilizar la institución.

LP: ¿Pero la norma interna no prevé la votación de 6 miembros del Consejo Superior para modificar los estatutos?

AMR: No es así. Lo que se expresa sobre ese asunto es la exigencia de dos terceras partes de los miembros del Superior para cualquiera de las sesiones donde se tomen tales decisiones.

El Estatuto General solo prevé una proporción de los miembros, y no un número exacto de 6 votos para modificar el Estatuto, pues cualquier inasistencia de un miembro (incluso motivadas políticamente, como fue el caso de varios de ellos) podría impedir la toma de decisiones clave como el salvamento de la institución, que fue lo que en realidad sucedió.

De allí que esa deducción del Tribunal de que son imperativos 6 votos es otra inferencia ideologizada, y soslaya la exégesis que se ajusta al espíritu de la norma.

Para ampliar: El balance y los retos del nuevo año de transición en la UT

 

Omar Albeiro Mejía Patiño fue designado como rector “interino” en septiembre de 2016, ratificado para un segundo año de interinidad en 2017 y elegido rector en propiedad en julio de 2018 para un período de 4 años. Mejía es cercano al senador Miguel Barreto.

Para ampliar: Omar Mejía, el hombre de la fortuna

LP: ¿Pero Omar Mejía podía ser elegido Rector o no?

AMR: El Superior distingue, en virtud de sus facultades reglamentarias protegidas por la Constitución, los conceptos de elección, designación, consulta a los estamentos, rector en propiedad, rector interino y rector en transición.

Estos prolegómenos normativos los desconoce el Tribunal de manera irresponsable.

En nuestra normativa solo puede elegir y designar rector el Consejo Superior, los estamentos sólo son consultados para proveerle información a este órgano de las preferencias de la comunidad, y el rector en propiedad se elige en virtud de los dos pasos anteriores.

Un rector en transición o interino no pasa por la consulta mencionada.

Si el rector Mejía fue elegido para ser rector interino no puede ser inhabilitado para ser rector en propiedad, pues equivaldría a vulnerarle su derecho a ser elegido en propiedad.

Incluso, la norma aprobada que le permitió a Mejía participar, ante el escenario hipotético que lo excluyera, le habría cambiado intempestivamente las reglas del juego para participar en la democracia especial de nuestra institución, bien jurídico que tampoco atendió el Tribunal. 

LP: A eso me refiero, ¿se podía votar dos veces por la misma persona?

AMR: Esa invocación casi escolar del Tribunal de apelar a la definición lexicográfica de reelección es ridícula, por decir lo menos.

La elección en la autonomía universitaria implica muchos matices, objetos de aplicación y sujetos activos y pasivos. Además, el fallo contiene un fuerte finalismo ideológico al implicar que los consejeros votaron dos veces por la misma persona, y que ello no debió suceder a la luz de normas por demás inexistentes.

Pues bien, nuestra norma no puede exigir que no se vote dos veces por la misma persona en dos circunstancias distintas: una para rector encargado y otra para rector en propiedad. Tal sería una disposición bastante arbitraria.

Pues la necesidad de la elección de un caso emana de una causa singular y temporal, y la otra emana de una consulta amplia a la comunidad universitaria con mediación de un programa de gobierno.

De hecho, uno de los acuerdos demandados lo que hace es prohibir la reelección inmediata a futuro (no retroactivamente, como debe ser), lo que sí estaba previsto en la norma antigua, y que curiosamente nunca demandaron las facciones que se oponen a la reestructuración, y que nos quieren someter a la dictadura de una burocracia externa al pretender sacar a los docentes de planta de los cargos directivos. 

LP: ¿La reestructuración de la UT sí es la salida?

AMR: El objetivo de esas demandas y de los fallos del tribunal tiene consecuencias políticas, en tanto que buscan bloquear a toda costa la reestructuración de la institución.

Las demoras injustificadas por el cuento peregrino de la ley de garantías (idea perjudicial que defendieron el gobierno nacional y departamental), las talanqueras burocráticas que la gobernación y presidencia de la república le han impuesto al documento técnico de reforma, entre otras cosas, representan en realidad un frente común contra la reestructuración.

Y desde ya advierto a la opinión pública del Tolima y el país que, estos actores, incluyendo al Tribunal, podrían ser responsables de otro ciclo de desgobierno y crisis financiera insuperable de la UT.  

Para ampliar: La confesión de Guillermo Santos fue descarada

LP: Sin embargo, el Tribunal insiste en que las decisiones que modificaron el Estatuto General no llenaban requisitos. ¿Es cierto eso?

AMR: La UT es una institución muy frágil. Fácilmente se puede desfalcar, como ya vimos en años recientes. Se le puede despedazar financieramente contratando sin racionalidad alguna más de 840 OPS, más de 180 transitorios y más de 630 cargos administrativos de planta. Sin hablar de los festines, grupos vallenatos, juguetes y demás cosas escabrosas que sucedieron.

Todo ello es fácil de hacer con la complicidad de los políticos tradicionales de la región, y es más fácil aún desbaratar su gobernabilidad demandando a la institución, incluso construyendo una narrativa paralegal sobre la aplicabilidad de normas del poder público para hacerle creer a los jueces que deberían ser aplicadas a la universidad.

Para ampliar: La guerra por la Universidad del Tolima

LP: ¿Engañan a los jueces, o los inducen a errores?

AMR: Varias demandas contra la UT han aprovechado la impericia de los jueces en estas materias reglamentarias de la autonomía universitaria para sacar fallos que la vulneran.

Por ejemplo, quien ahora está demandando los acuerdos de elección de rector, un docente que para mí ya es responsable de la desestabilización de la institución, demandó un acuerdo de becarios elegidos por concursos externos, pero, en ese revanchismo compulsivo terminó afectando a los becarios doctorales propios, pues el Tribunal no conoce a profundidad todos nuestros programas de formación.   

Para ampliar: UT: entre la incertidumbre, las piedras y los intereses personales

 

El profesor Félix Salgado, presidente de la Asociación Sindical de Docentes de la UT, lidera las acciones jurídicas en contra de la administración de Omar Mejía, junto a los abogados Eduardo Oviedo y Paola Sandoval.

Para ampliar: Demandar la U.T, el ‘deporte’ de la oposición

LP: Pero, ¿se llenaron o no los requisitos para aprobar los acuerdos demandados?

AMR: Todos se cumplieron. El Tribunal hizo una confusión sin precedentes en la UT. Los votos para modificar el Estatuto General se cumplieron. Pero, el Tribunal se inventa gratuitamente una reglamentación de votos cardinales. Es algo realmente kafkiano.

Y en lo relativo a los días de convocatoria a una sesión ordinaria o extraordinaria, que supuestamente no se cumplieron, representa otra escena casi surrealista. En medio de una crisis financiera sin precedentes las citaciones se establecían en las mismas sesiones presenciales respetando los días que debían mediar.

Que se envíen correos electrónicos o físicos un día después, es una cosa realmente inane cuando el objetivo era tratar temas urgentes para la institución.

Para esto recomiendo la obra de Malcolm Deas sobre la estulticia de nuestras élites que siempre han creído que cumpliendo con las formas legales o gramaticales van a cambiar los hechos, que son los que verdaderamente debe cobijar la ley.       

One comment

  • Herman

    8 noviembre, 2018 at 6:33 PM

    Terrible que el desfalco del rector anterior se halla quedado impune.

Comments are closed.


#LaPipaPeople

Nos interesan todas las historias, aunque tenemos gran interés por aportar a la reconciliación en el posconflicto.

Anuncie con nosotros y ponga a volar su negocio.


lapipatolima@gmail.com




Historias a domicilio