Lucha antidrogas, costosa e inefectiva

Administrador La Pipa14 febrero, 20197min1350
marihuana-Consumo en Ibagué dosis minima
Así lo reveló un estudio realizado por El grupo Acciones por el Cambio. El informe plantea que la estrategia antinarcóticos ha sido: muy costosa, inefectiva y en detrimento de los derechos humanos.

Por: Dejusticia

El informe tiene como objetivo presentar la experiencia de Colombia frente a la implementación de de la política de drogas vigente y así prepararnos para discusiones a nivel internacional sobre la forma en que se abordan las problemáticas relacionadas con sustancias ilícitas.

Vea aquí el informe completo

Desde la experiencia colombiana el grupo entrega una revisión de los datos que existen en materia de consumo, acceso a medicamentos controlados, estrategias de reducción de cultivos de uso ilícito, encarcelamiento por delitos de drogas y costos económicos y humanos de la guerra contra las drogas.

El balance general muestra que aunque la política de drogas ha consumido más de 20 billones de pesos, los problemas de gobernabilidad y construcción de Estado, así como las respuestas adecuadas al consumo, siguen siendo una deuda pendiente.

Imagen: DeJusticia

De acuerdo con proyecciones del DNP, en 2015 había más de 1.4 millones de usuarios de cocaína, marihuana, bazuco y éxtasis, sin embargo, la oferta de servicios en salud para la atención de consumos problemáticos es prácticamente inexistente en el 95% de los municipios del país. Incluso, una consecuencia de la política de control de medicamentos derivados de ciertas plantas prohibidas tiene impactos negativos en la provisión de morfina y otros medicamentos esenciales para el manejo del dolor.

La lucha contra el tráfico de estupefacientes no ha llevado a una desarticulación de las economías criminales. A pesar que en las prisiones del país hay más de 24.954 personas recluidas por el delito de tráfico de estupefacientes, y que de estas 16.484 están condenadas por este mismo delito, el microtráfico y narcomenudeo siguen siendo sumamente rentables, moviendo más de 6 billones de pesos en el 2015.

Imagen: DeJusticia

De otro lado, la política de reducción de cultivos declarados ilícitos ha sido costosa y poco eficiente en dar una solución sostenible a los problemas de las familias relacionadas con el cultivo de coca. Se han asperjado, entre 1994 y 2015, por vía aérea casi 1.9 millones de hectáreas con glifosato. Algunos cálculos indican que a noviembre de 2012 el Gobierno habría gastado la suma de 104.331.276,056 dólares en glifosato y 458.331.276,056 dólares en operativos antinarcóticos considerando el costo de glifosato, equipos básicos y aviones o helicópteros.

La política de erradicación con glifosato implicó daños a la salud para mujeres gestantes. De acuerdo con los cálculos disponibles, las acciones de fumigación implican un aumento de 2,9% en la tasa de abortos espontáneos en un radio de 1 kilómetro, y en el caso de los municipios que tienen más altos niveles de fumigación aérea, la tasa de abortos sube a 8,7%.

Estos daños son causados en población que vive en situación de pobreza monetaria. De hecho, el 57% de las familias que habitan en zonas de cultivos de coca tienen un ingreso promedio mensual neto por hectárea de un cultivador de coca de $410.541, es decir, el 56% de un salario mínimo.

Imagen: DeJusticia

Todas estas cifras abren el interrogante sobre la efectividad de las metas de una estrategia antinarcóticos orientada a la construcción de un mundo libre de drogas. Tal como lo dice el informe “Balance de una década de políticas de drogas”, publicado por el IDPC, las metas de reducción de la oferta o el consumo de las estrategias direccionadas por las Naciones Unidas, no sólo no se han alcanzado, sino que han producido efectos contraproducentes para la vigencia de los derechos humanos, la salud pública y la democracia e institucionalidad.

Imagen: DeJusticia

A partir de todas estas reflexiones invitamos al Gobierno Nacional a continuar el diálogo con la sociedad civil para establecer puntos de acuerdo sobre la política de drogas y construir un consenso sobre la necesidad de elaborar evidencia cada vez más sólida para decidir alrededor de las estrategias globales y nacionales que aborden el problema mundial de las drogas.

Colombia está en la capacidad moral, ética y política de mostrar su experiencia para pedir ajustes. Valoramos las diferentes posiciones que pueda tener el Gobierno alrededor de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, pero le invitamos a escuchar lo que por largo tiempo han sostenido la academia y la sociedad civil: la guerra contra las drogas fracasó porque se volvió una guerra contra poblaciones vulnerables. 


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