Lo bueno, lo malo y lo feo de la Reforma a la Justicia

Administrador La Pipa30 septiembre, 201812min1490
La congestión en juzgados y tribunales, la morosidad en las sediciones judiciales, la impunidad provocada por el principio de oportunidad y las rebajas de penas, la grave crisis carcelaria y hasta el aumento de casos de corrupción como el “cartel de la toga”, todo esto es lo que se espera que atienda la nueva reforma a la Justicia.

Colombia lleva 16 años intentando hacer una reforma a la justicia, necesaria por supuesto, pero hasta el momento sigue siendo un reto en el que han fracasado ocho ministros y dos presidentes. La Pipa.co le cuenta lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma que presenta el gobierno Duque para solventar los graves problemas en la rama judicial.

Este proyecto estuvo a cargo de las ministras Nancy Patricia Gutiérrez , del MinInterior y Gloria María Borrero, MinJusticia, quien finalmente radicó el proyecto de reforma que al parecer, para este gobierno tiene buenas expectativas ya que hay consenso sobre la necesidad de reformar la administración de justicia como un asunto prioritario e inaplazable.

La congestión en juzgados y tribunales, la morosidad en las sediciones judiciales, la impunidad provocada por el principio de oportunidad y por los  beneficios y rebajas de penas, la grave crisis carcelaria y hasta el aumento de casos de corrupción en distintos niveles de la rama judicial como el “cartel de la toga”, todo esto ha generado el ambiente de consenso y urgencia de una reforma a la justicia.

Lo Bueno

  • No más favores burocráticos de los magistrados de las distintas cortes. Esta medida responde al escándalo del “cartel de la toga”, así pues quedan prohibidas las recomendaciones a personas para ser nombradas o contratadas por el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación o los órganos de control.

Quien incurra en esta falta será destituido de su cargo.

  • Fin a las funciones electorales de las Altas Cortes. Ya que las funciones electorales contribuyen a la politización de la justicia y al aumento del clientelismo, esta reforma busca eliminar esta facultad de las Altas Cortes para elegir al Procurador, el Auditor y el Registrador nacional, con excepción del Fiscal General de la Nación ya que hace parte de la Rama Judicial, allí sigue siendo la Corte suprema quien elige.

Para los cargos anteriores de propone que el Congreso de la República por convocatoria pública hagan la respectiva elección. Sin embargo, hay reparos sobre entregar todo ese poder a la clase política mayoritaria en el legislativo y hasta dónde estas facultades electorales ponen en riesgo el equilibrio institucional que necesita el Estado.

  • Nuevos organismos. Elevar a rango constitucional a la Comisión Interinstitucional de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, también se propone crear una nueva instancia para este organismo: la Dirección General de la Rama Judicial, conformada por un Consejo Directivo y un gerente.

Finalmente se propone crear la Comisión de Carrera Judicial, para que este asunto no quede en manos del órgano de gobierno judicial. Pero será necesario complementar esa medida con la propuesta de Cambio Radical de crear el Colegio Nacional de Abogados.

Esta nueva entidad (la Comisión Interinstirucional de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia) conformada por los presidentes de las Cortes, el Fiscal General y representantes de los trabajadores de la rama. Atendería los problemas que ocasionó la sentencia de la Corte Constitucional C-285 de 2016 que revivió de manera parcial el Consejo Superior de la Judicatura por considerar que esta medida había excedido los poderes del Congreso.

No obstante, constitucionalizar la Comisión Interinstitucional no parece una buena medida en tanto restaría flexibilidad y eficacia a este organismo, que de por sí ya tiene problemas de representatividad o no presencia de actores importantes como magistrados de tribunales y jueces.

  • Eliminar bloqueos institucionales. Como el que ocurre actualmente en la Corte Suprema de Justicia para la elección de magistrados de las salas especiales de primera instancia. De esta manera, estima que las elecciones a cargo de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se realizarán por mayoría calificada. Si al cabo de 15 días no se obtiene dicha mayoría, la elección se hará por mayoría simple.En caso de no obtenerse una mayoría simple, la Sala de Gobierno de la respectiva Corporación hará la designación. Y el quórum y las mayorías se calcularán sobre el número de magistrados en ejercicio del cargo.

Por último, tampoco es conveniente que el Fiscal haga parte del órgano de gobierno de la rama judicial. Una cosa es una comisión interinstitucional para coordinar acciones entre los distintos entes, y otra distinta es un órgano de gobierno.

  • Los jueces de control de garantías puedan dictar sentencia de fondo en casos de aceptación de cargos, si bien esto debe ser debatido con los distintos actores del proceso penal porque algunos penalistas la consideran una medida inconveniente.
  • Las Cortes solo puedan comunicar sus sentencias con el texto definitivo, y no con “comunicados de prensa” sin mayor contenido jurídico, como sucede hoy.
  • Finalmente, la reforma fija una tasa mínima de crecimiento del presupuesto de la rama judicial, que el Congreso deberá respetar. Aunque la medida es positiva, esa inflexibilidad puede resultar complicada en “épocas de vacas flacas”.

Lo malo

  • Requisitos y restricciones innecesarias. La reforma establece una inhabilidad a magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado para litigar de manera directa o indirecta ante la jurisdicción en la que ejercieron su magistratura de cuatro años.
  • Académicos y litigantes, por fuera de las magistraturas. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado el proyecto pone como requisito adicional que los candidatos hayan ejercido como jueces o magistrados mínimo cinco años.

Esta experiencia se sumaría a una carrera profesional que debe acreditar 20 años en ejercicio. El requisito causará polémica porque impedirá que académicos o abogados litigantes puedan llegar a ser magistrados de las altas cortes.

  • Fiscal general de bolsillo. Se pide que el Presidente recién posesionado envíe una terna a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el 15 de agosto. De allí, la Corte Suprema de Justicia tendría un mes para elegir al fiscal, en caso de que no se produzca la elección, será el presidente el que lo designe.

Sin embargo, para el presente proyecto de reforma, se estima que las faltas absolutas del cargo del Fiscal General de la Nación las supla exclusivamente la Corte Suprema de Justicia. Y en caso de impedimentos del jefe de la Fiscalía, la Corte Suprema designará un fiscal ad hoc entre los dos candidatos de la terna que no hayan sido elegidos.

Lo feo

  • Restricciones a la acción de Tutela. Se restringe la tutela en términos de quién puede presentarla, dónde puede hacerlo y hasta cuándo puede hacerlo. Además, se establece que una ley reglamentará las tutelas contra providencias judiciales, cosa que ya ha sido plenamente regulada por la jurisprudencia.

También se establece que la Tutela solo podría usarse cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o para evitar un perjuicio irremediable. Y se establece que una ley deberá decir en qué casos procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo.

  • Una vez más se introduce la posibilidad de que abogados litigantes o notarios puedan ejercer funciones judiciales. Esa es una medida inconveniente de privatización de la justicia que no resolverá los problemas de congestión judicial y sí traerá muchos conflictos de interés.
  • Los temas sin solución. El proyecto de reforma presentado atiende los temas polémicos que son parte de la agenda mediática, sin embargo quedan por fuera acciones contundentes para solventar otros aspectos como:

-El difícil acceso a la justicia, la congestión judicial, la mora en los trámites, la efectividad insuficiente de las sentencias y la desequilibrada oferta judicial en el territorio.

 

 

 

[Con información de Razónpública.com]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


#LaPipaPeople

Nos interesan todas las historias, aunque tenemos gran interés por aportar a la reconciliación en el posconflicto.

Anuncie con nosotros y ponga a volar su negocio.


lapipatolima@gmail.com




Historias a domicilio