La JEP le ganó el pulso al uribismo

lapipaco19 agosto, 20188min7020
La Corte Constitucional aprobó la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP y dejó por fuera las modificaciones de última hora que le impuso el uribismo en el Congreso hace casi ya dos meses.

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Para la Corte Constitucional el Congreso de la República no tiene la competencia para establecer penas y sanciones diferentes a las que están establecidas en el Artículo 13 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Por lo tanto, si el Congreso quiere establecer una pena diferente, por ejemplo, para los delitos sexuales contra menores, tendrían que introducir una reforma a la constitución para que estos delitos sean tratados por la justicia ordinaria y no por la transicional.

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Delitos sexuales en el marco del conflicto

Este es uno de los puntos más polémicos en la reglamentación de la JEP. La senadora Marizta Martínez del partido de la U propuso que la ley ordinaria juzgara los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes para que los victimarios no tuvieran la posibilidad de acceder a las penas alternativas de la ley Estatutaria para la paz.

Sobre el tema, la presidenta de la JEP explicó que si el delito sexual en contra de menores fue en el marco del conflicto, puede acceder a los beneficios de penas alternativas que ofrece la JEP, pero si este delito no tiene nada que ver con el conflicto entonces el caso pasa a ser juzgado por la justicia ordinaria.

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Por otro lado, el  magistrado Antonio Lizarazo explicó que en el modelo de justicia transicional, las sanciones no se imponen en relación con la naturaleza de los delitos, sino en cuanto al grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad, reparación de las víctimas y garantía de no repetición.

Extradición

Con la polémica viva por el caso de Jesús Santrich, el uribismo había propuesto que la JEP no pude decretar pruebas sobre delitos que están en proceso de extradición, a lo que Linares precisó que en los casos que aplique, “la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional son los que tienen la última palabra en materia de extradición”.

En resumen, la Corte ratificó el Artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 que establece una prohibición de extradición a los miembros de las FARC por delitos anteriores al 1 de diciembre de 2016 y una posibilidad de extradición para los delitos posteriores definidos por el mismo artículo, es decir que en el caso de demostrarse que los delitos se cometieron porsterior a la firma de los acuerdos de paz, se remitirá a la justicia ordinaria para que sean investigados en Colombia, sin exclur la posibilidad extradición.

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Sala especial para militares en la JEP

Una sala especial con nuevos magistrados con un proceso de juzgamiento especial y único era la propuesta del centro democrático en este punto. Aquí la corte tumbó por completo esta iniciativa y ratificó que los militares que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado deberán pasar por la JEP en las mismas instancias que los otros actores.

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Inhabilidades de magistrados de la JEP

En las modificaciones del Congreso se habían impuesto inhabilidades a la mayoría de los magistrados por haber participado como abogados en casos de derechos humanos, proceso judiciales relacionados con el conflicto armado y a quienes han demandado al estado.

Aquí nuevamente la Corte declaró que estas inhabilidades no eran ajustadas a la ley ya que el Congreso no puede poner requisitos adicionales a los que ya están establecidos en la Constitución.

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Participación en política

La Corte Constitucional determinó que a quienes se les aplique las sanciones propias podrán seguir teniendo la posibilidad de participar en cargos políticos, siempre y cuando la sanción no acarree privación de la libertad, con lo que la persona no perdería sus derechos políticos pero sí estaría inhabilitado para ocupar cualquier cargo público.

Cabe recordar en este caso los tipos de sanciones que establece la justicia transicional, las cuales son:

las sanciones propias se darán cuando haya verdad, justicia, reparación y no repetición, y no conllevan necesariamente una restricción de la libertad. Las sanciones alternativas serán aplicadas a quienes no acepten responsabilidad en hechos del conflicto y pierdan el juicio, o lo acepten en la fase condenatoria antes de que haya sentencia. Ellos tendrán de cinco a ocho años de cárcel. Y las sanciones ordinarias serán para quienes no acepten responsabilidad y a la postre sean encontrados culpables. Acarrean penas de 15 a 20 años en la cárcel. También estará la sanción de la exclusión, que permitirá a la JEP expulsar a quienes hagan violanciones graves o reincidan en los delitos.

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