La hora cero de la Comisión de la Verdad

lapipaco29 noviembre, 20189min376
A partir del 29 de noviembre empezó a correr el tiempo del mandato de tres años que tiene la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, para construir un informe que le cuente a los colombianos qué pasó durante las largas décadas de conflicto armado interno. Un desafío enorme como necesario.

 

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La Comisión de Esclarecimiento, Convivencia y no Repetición en Colombia (CEV) surge y es regulada con el Acto legislativo 01 de 2017 (artículo transitorio 2) y por el Decreto 588 del mismo año.

El primero condensa las principales disposiciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y el segundo, las funciones, el mandato, las atribuciones y la metodología de esta Comisión.

Estas normas fueron producto del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC, como parte de un sistema de transición política y jurídica hacia la terminación del conflicto armado entre las partes.

La Comisión se concibe como un instrumento extrajudicial, cuyas decisiones deben entenderse como complementarias de los distintos mecanismos que conforman el SIVJRNR. La Comisión actuará durante tres años y contará con un período previo de seis meses para preparar su funcionamiento y elección de los comisionados.

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¿Quiénes la integran?

 

De izquierda a derecha: Francisco de Roux, sacerdote jesuita, quien la preside; Carlos Guillermo Ospina, Lucía González, Carlos Beristain, Alejandra Miller, Alfredo Molano, Marta Ruíz, Maria Patricia Tobón, Saúl Franco, Alejandro Valencia Villa y Ángela Salazar.

 

Hace un poco más de un año que se conocieron los nombres de las once personas que conforman la Comisión de la Verdad.

Según Jefferson Jaramillo, estudioso de estas comisiones, la novedad consiste en que “los escogidos no son expertos consumados, ni personajes notables de la vida política y social, como estábamos acostumbrados en Colombia”.

Por el contrario, “los comisionados tienen en común trayectorias sensibles a los desafíos territoriales de la paz en Colombia. Claro que hay académicos, además de defensores de derechos humanos, expertos en trabajo psicosocial, periodistas y un militar ampliamente conocido en las Fuerzas Armadas”.

El punto a favor, según Jaramillo, es que “todos comparten un conocimiento de las comunidades locales, ya sea por acompañamiento directo, por investigación académica no extractiva, por asesoría legal o psicosocial para el empoderamiento local, o por haber hecho pedagogía de memoria con potencial transformador”.

A diferencia de otras comisiones que han sido enteramente masculinas, esta vez resalta la participación de cinco mujeres:

  • Una abogada indígena (María Patricia Tobón);
  • Una conocedora en carne propia de la violencia en el Urabá (Ángela Salazar);
  • Una economista con doctorado en estudios de género (Alejandra Miller Restrepo);
  • Dos expertas en estrategias de difusión pública de la información y de pedagogías locales y regionales de la memoria (la periodista Martha Cecilia Ruiz y la arquitecta Lucía González Duque). Ellas dos en particular aportarán estrategias pedagógicas para divulgar lo que la Comisión produzca.

El presidente de la Comisión será el padre jesuita Francisco de Roux, sin duda uno de los mejores tejedores de vasos comunicantes entre Desarrollo y Paz en territorios fracturados por la guerra.

“Con Francisco de Roux a la cabeza, es posible que la Comisión contribuya a bajar la tensión entre víctimas y victimarios. Su papel no será académico. De Roux servirá como levadura crítica para propiciar empoderamientos creativos de las comunidades para la convivencia pacífica en el presente y en el futuro”, afirmó el profesor.

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Distribución territorial

El enfoque territorial señala un norte fundamental en el modo de actuar de la Comisión. Los comisionados trabajarán desde los territorios y no solo desde un escritorio en Bogotá.

De acuerdo con lo publicado en la metodología, la CEV concentrará su trabajo en nueve macroregiones: Región Caribe e insular, Costa Pacífica; Antioquia, Córdoba y la región cafetera; Región surandina: Valle, Cauca, Nariño y Putumayo; Magdalena medio; noroeste: Santander, Santander del norte, Arauca, Casanare; Región central: Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila; El suroriente: la Orinoquía y la Amazonía; y Bogotá, D.C.

También tendrán presencia en los territorios étnicos y sedes internacionales, pensando en las personas que tuvieron que exiliarse a causa del conflicto armado.

De acuerdo con el mandato de la CEV, el enfoque territorial propende por una mejor comprensión de la historia y dinámicas regionales del conflicto y las particularidades de los territorios afectados, los patrones comunes y diferencias, y de la manera como se afectaron las relaciones entre los actores y el ordenamiento del territorio.

El enfoque territorial implica para la Comisión: a) lograr intervenciones coherentes con la realidad social, política y económica de los territorios; b) ser flexibles e integrales; c) propiciar espacios de conversación y participación de los actores territoriales en los procesos misionales, generando las capacidades necesarias para que los propios territorios puedan gestionar su vida y la construcción de la paz; d) superar las intervenciones sectoriales y poblacionales, para entender las dinámicas complejas de las regiones.

Al Tolima le corresponde la región centroandina, y estará coordinada por un equipo de cuatro personas bajo la coordinación de Anascas del Río Moncada, relatora del informe “De los grupos precursores al Bloque Tolima”, del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Para ampliar: Memoria Histórica publicó informe sobre el Bloque Tolima

 


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