Este es el mapa del latifundio improductivo en el Tolima

Alexander Martínez Rivillas25 abril, 201827min40771
Este artículo aborda la pregunta sobre cómo operaría una reforma agraria en el Tolima, a propósito de la propuesta de Gustavo Petro de subir impuestos a las propiedades extensivas de tierra que se encuentran subutilizadas, o en su defecto, de expropiarlas a fin de que el pequeño campesino las cultive.

 

Profesor de la Universidad del Tolima. Phd en geografía. 

Colombia tiene una de las peores concentraciones de la tierra rural a escala planetaria. Sus Gini de la tierra, siendo 0 la mejor distribución posible y 1 la peor, corresponden a estas cifras aberrantes: 1960: 0,84, 1970: 0,84, 1984: 0,85, 1988: 0,84, 1997: 0,88, 2002: 0,88, 2009: 0,88 y 2015: 0,9. Recuérdese que hoy el indicador en Noruega es 0,18, o sea, rondando la equidistribución absoluta.

En el caso del Tolima, el comportamiento de la concentración de la tierra rural ha sido este: 1984: 0,76, 1996: 0,75, 2002: 0,80, 2009: 0,8 y 2014: 0,71.

Este artículo aborda la pregunta sobre cómo operaría una reforma agraria en el Tolima, a propósito de la propuesta de Gustavo Petro de subir impuestos a las propiedades extensivas de tierra que se encuentran subutilizadas, o en su defecto, de expropiarlas a fin de que el pequeño campesino las cultive.

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Los datos del censo agropecuario

Se sabe que el departamento cuenta con 739.304 hectáreas (has) en bosques naturales, 1.445.371 has con usos agropecuarios, 102.872 has en usos no agropecuarios y 115.177 has en otras coberturas. En los usos agropecuarios se tiene la siguiente distribución de actividades: 600.869 has en pastos, 394.430 has en rastrojo, 447.225 has en uso agrícola y 2.848 has en infraestructura agropecuaria.

Palabras más, palabras menos, el departamento es dominantemente ganadero y, por supuesto, con explotaciones absolutamente ineficientes. Exceptuando las razas introducidas, el paisaje rural implica un desperdicio de tierras tal que pareciera que se ha vuelto a las prácticas de la hacienda Doima del siglo XVII, pues en varios hatos se puede constatar hasta 4 has por cabeza de ganado. 

El Tolima cuenta en sus zonas rurales con 152.167 unidades productivas agropecuarias y 24.194 unidades productivas no agropecuarias.

 

El café tiene la mayor área cultivada en el departamento. Aunque es fundamentalmente una economía de micron, mini y mediofundio, es una economía de monocultivo que no genera dinámicas de autoconsumo, razón por la cual es importante diversificar la producción de alimentos. Foto: The New York Times

 

En estos predios existe una vieja configuración de grandes propiedades rurales, las cuales dieron soporte material a lo que se ha dado en llamar el “régimen hacendatario” del Tolima, que no es otra cosa que una institución social que conculcó derechos de campesinos, puso alcaldes y gobernadores, expulsó mano de obra a las ciudades, incentivó la violencia (cuando no mandaba a asesinar directamente), manipuló la justicia, intervino fraudulentamente en notarías, presionó la invasión de tierras urbanas y rurales, fomentó la deforestación y la ocupación de páramos, y un largo etcétera. 

El 80,7% de las unidades productivas corresponden a predios propios y 10,2% aparecen en arriendo. Un dato muy importante y al mismo tiempo grave es que el Tolima y el Huila son los departamentos del país con menores unidades productivas que albergan lotes para el autoconsumo con 34% y 27% del total de sus unidades respectivamente, mientras que Putumayo cuenta con lotes de pan coger que alcanzan el 77% de todas las unidades censadas.

Ciertamente, los profundos efectos del monocultivismo (con o sin latifundismo) de café y ganadería están a la vista en las dos regiones.

Asimismo, solo el 29% de las unidades productivas del Tolima recibieron en algún momento asistencia técnica, y solo 13% de las unidades solicitaron crédito, de las cuales 90% obtuvieron su aprobación, siendo Huila el departamento con el mayor peso de las solicitudes en todo el país, las cuales ascendieron a 18% (que sigue siendo bajo para las demandas del agro).

Para el Tolima, en cultivos permanentes solo se tienen 318.512 has, en transitorios 187.746 has y en asociados 103.059 has (todos para 2013). En general, las áreas sembradas en el país tienen bajas participaciones.

En café se cuenta con 109.843 has, arroz: 97.928 has, plátano: 95.516 has, maíz amarillo: 42.007 has, maíz blanco: 29.025 has, fríjol: 26.193 has, aguacate: 19.461 has, caña panelera: 15.330 has, cacao: 15.415 has, cítricos: 15.826 has, guanábana: 12.839 has, banano común: 10.190 has, yuca: 10.181 has, mango: 9.727 has, guayaba: 6.179 has, algodón: 5.434 has, mora andina: 3.649 has, papa: 3.337 has, arveja: 2.760 has, ahuyama: 2.674 has, arracacha: 2.217 has, piña: 1.979 has, papaya: 1.734 has, tomate: 1.634 has, sorgo: 1439 has, cebolla cabezona: 1.015 has, cebolla larga: 424 has, caucho: 365 has, palma africana: 109 has, tabaco: 95 has, sábila: 285 has, entre los más importantes.

En cuanto a plantaciones forestales se tienen 2.017 has en pino, 1.675 has en eucalipto y 1.061 has en ciprés.

No obstante, el departamento se ubica en el tercer lugar de la producción agrícola medida en toneladas con 7,3% del total nacional (que es de 33,9 millones de toneladas), siendo Antioquia el mayor productor con 11.8%. De cualquier modo, la producción nacional sigue siendo muy baja para el potencial que se tiene.

Con relación a la producción pecuaria, las cifras del Tolima son problemáticas: 623.424 cabezas de ganado bovino distribuidas en 22.540 unidades productivas o predios, lo que podría implicar una relación de 1,6 has por cabeza de ganado en el departamento, algo que de por sí es un monumento a la irracionalidad en cuanto al uso de la tierra.

De otro lado, se registra un 17% de viviendas rurales dispersas desocupadas (equivalente a 19.893 construcciones), lo que no solo indica un éxodo rural, sino también el aumento de población trabajadora no residente en la zona rural, lo cual constituye otro asunto conflictivo para las políticas de “desarrollo” rural.

El índice de pobreza multidimensional de la población rural residente es 46,1, muy lejos de Quindío o Cundinamarca que registraron 23 y 26,2 respectivamente (las mejores regiones en esta medición).   

En este contexto, ahora considérese el problema de la concentración del suelo.

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Hay que fomentar la transformación de la materia prima, para aprovechar los subproductos y los desperdicios de cultivos como el cacao. Foto: The New York Times

 

El mapa de la propiedad

El microfundio, el minifundio, la pequeña, mediana y gran propiedad se definen respectivamente, así: menos de 3 has, 3-10 has, 10-20 has, 20-200 has y más de 200 has.  El Gini de propietarios (que permite incluir el dueño que tiene varias propiedades rurales) se estimó para 2009 en 0,8, lo que ubica al Tolima en el puesto 15 entre los 31 departamentos del país, siendo el del Valle del Cauca el peor indicador con 0,9.

Los estudios de la tenencia de la tierra rural (en las áreas privadas rurales, vale aclarar) realizados para el Tolima, muestran los siguientes resultados relevantes: entre 2000 y 2009 el número de predios rurales se incrementó, el tamaño promedio de los predios disminuyó levemente, el número de propietarios se incrementó, la gran propiedad pasó de controlar el 23,8% del área departamental privada a 22% de la misma, y la mediana propiedad pasó de 50,3% a 49,7% del área en cuestión.

 

Esta tendencia se mantiene hasta hoy y puede suponer una leve disminución del Gini de la tierra que ya para 2014 se estimaba en 0,71, cifra que, en todo caso, es absolutamente inaceptable.

 

Los municipios que más contribuyen a la desigualdad de la propiedad rural en cifras de 2009 (empleando el Gini de propietarios) son: Heveo y Honda con índices entre 0,8 y 0,9, y Armero, Ambalema, Venadillo, Ibagué, Cajamarca, Guamo, Flandes, Saldaña, Suárez, Carmen de Apicalá, Melgar, Villarrica y Prado, todos con índices entre 0,7 y 0,8.

Los menores índices (0,5-0,6) se encuentran en Palocabildo, Líbano, Murillo, Santa Isabel, Rovira, Valle de San Juan, Cunday y Planadas. 

 

En este mapa (1) se puede apreciar de norte a sur, siguiendo el valle del Magdalena, dos regiones resaltadas: en color azul se tiene la distribución de la pequeña y mediana propiedad rural, y en color amarillo la distribución de la gran propiedad. www.lapipa.co

 

Este mapa (2), se señalan con estos mismos criterios la distribución de la propiedad de norte a sur, siguiendo la vertiente oriental de la cordillera central. Y efectivamente, se constata la dominancia espacial del latifundio superior a 200 has a lo largo y ancho del Tolima, según la última información catastral actualizada. www.lapipa.co

 

Al contrario de lo que se podría pensar, las tierras de calidad (las que albergan varias UAF en un solo predio) tienen ya una tendencia a concentrarse en pocos propietarios en el mismo periodo (2000-2009) al pasar de un Gini de 0,766 a 0,771 aproximadamente.

 

Igual sucede con los propietarios de los suelos de calidad, los cuales pasaron de un Gini de 0,792 a 0,801, aproximadamente, confirmando que son los mismos propietarios los que adquieren tierras más productivas o mejor valorizadas.

 

Así las cosas, es altamente probable que, mientras la concentración de la tierra rural disminuye levemente, los latifundistas se esfuerzan por compensar las tierras “perdidas” adquiriendo “mejores” suelos, lo que agrava profundamente el problema de la “modernización agraria” en tanto que la tendencia de los usos sigue siendo el manejo improductivo de los espacios mecanizables e irrigados, o aquellos no mecanizables, pero más o menos fértiles, relativamente irrigados, y con buenos accesos a los centros de consumo.

Estas tierras que, en efecto, se encuentran en los abanicos y terrazas bajas del Tolima, en laderas productivas cercanas a las cabeceras, y en los amplios valles de las zonas frías con vías de penetración, tienen una proporción importante dedicada a la ganadería extensiva por las siguientes razones:

  1. del total de la tierra con usos agropecuarios, recuérdese, 69% se dedica a la ganadería bovina en el Tolima (cifras de 2014), y
  2. bástenos recorrer estos paisajes rurales y encontrarán que aquellas tierras de alto potencial productivo tienen un uso predominantemente ganadero.

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Si se supone la implementación de una política agraria de enfoque estructural, generalmente se propone invertir las participaciones, de tal suerte que 70% del suelo agropecuario se debería dedicar a la actividad agrícola y 30% restante a la vocación pecuaria (ganadera).

En este sentido, por lo menos se tendría que sembrar 1 millón de has (incluida el área en descanso), y confinar las ganaderías en 435 mil has. De este modo, la presión de este uso pasaría a 0,7 has por cabeza de ganado bovino, lo que es absolutamente conseguible.

Un ordenamiento productivo de la propiedad rural del Tolima, con las respectivas restricciones ambientales, implica un cambio radical del régimen hacendario de la región, institución secular que deberá transitar al nuevo ordenamiento mediante dos instrumentos no excluyentes. 

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La propuesta para el campo de Gustavo Petro se sustenta en la incrementación de la carga impositiva a la gran propiedad (vía catastro rural), para forzar su producción o venta. Foto: Credencial

 

Primero, incremento de impuestos prediales a la gran propiedad (pero acompañado de inversión público-privada en infraestructura vial y riego, donde sea estrictamente necesario), y si tal ordenamiento productivo no es posible por esta vía, hacer uso de un segundo instrumento, esto es, expropiar la gran propiedad con precios de mercado y fines redistributivos (atendidos de manera integral, pues de lo contrario habrá un riesgo alto de ser un completo fracaso).

Estas medidas orientadas a la gran propiedad del departamento, implica gestionar casi 528 mil has (22% del total, y estimada sobre el área privada rural de las unidades productivas del censo de 2014, e incluye las áreas privadas de bosques naturales) mediante su monitoreo o intervención, con el propósito de garantizar los nuevos usos agrícolas, pecuarios y de protección ambiental.

Las demás propiedades (mediana, pequeña, minifundio y microfundio) deberían tener incentivos en el sistema fiscal, acceso a crédito subsidiado, asistencia técnica efectiva subvencionada, adecuaciones de tierras, desarrollo vial, incentivos para su asociación, entre otros, con el fin de que se logre esta nueva ordenación agropecuaria (78% del suelo rural restante).

 

En términos especulativos, los rubros gruesos de la actividad agraria del Tolima podrían, al menos, duplicar sus áreas sembradas así: café, arroz y plátano pasarían a 200 mil has cada uno, maíz amarillo a 90 mil has, maíz blanco a 60 mil has, fríjol a 50 mil has, aguacate a 40 mil has, y caña panelera, cacao y cítricos a 30 mil has cada uno.

 

Obviamente, se deberá racionalizar la distribución de las cosechas en el espacio y en el tiempo, según un calendario agropecuario que ataque los problemas de sanidad y de la “inundación” del mercado con uno o varios bienes (que suele afectar el precio de venta sustentable).

Conexo a lo anterior, se hará absolutamente perentorio comprar la cosecha a precios reguladores (cuando sea menester), suministrar insumos de manera subsidiada (exceptuando los grandes propietarios) y potenciar la transformación industrial de los productos alimentarios y no alimentarios.

Sin estas fórmulas no es posible garantizar el éxito de una reforma agraria en el Tolima, y por supuesto, en el país.    

Por registros de catastro y entrevistas de nuestro grupo de investigación a líderes de medianos productores, se han identificado algunos latifundios del valle tolimense: “El Aceituno” (±4.000 has), perteneciente a la familia Rocha, “Pajonales” (±6.000 has), bajo el control del grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, “El Escobal” (±2.000 has), con la tenencia de la familia Sarmiento del Valle del Cauca, “San Isidro” (±1.500), “Piamonte” (±2.000 has); de los clanes Laserna-Jaramillo, Valencia-Laserna, Aparicio-Laserna, Valencia-Laserna, Londoño-Laserna, Laserna-Phillips y Sociedades Laserna (que concentran 5.457 has, especialmente en Ibagué), predios de Henry Varón en Venadillo (asociado al negocio del chance), entre otros.

Y también se han identificado algunos latifundios de la cordillera tolimense: de las familias Melendro-Serna, Melendro-Iriarte, Salinas-Salinas, Bedoya-Bedoya, Botero-Uribe, Botero-Escobar, Díaz-Pecchenino, Orozco-Díaz y Laserna-Jaramillo (que concentran la extraordinaria suma de 18.204 has, particularmente en Ibagué), de la familia Charry en Roncesvalles, de la familia Parra en El Líbano y Murillo, entre los más conocidos.    

Pues bien, las grandes propiedades deberían tener tratamientos diferenciados: si las propiedades violan los topes legales mediante argucias, se debe aplicar la expropiación y su nuevo ordenamiento productivo. Pero, si aquellas se ajustan a derecho, entonces es necesario exigir, directamente, el cumplimiento efectivo de sus diversificaciones agropecuarias, lo que perfectamente pueden acometer con gestiones privadas.

No obstante, cuando la gran propiedad en laderas o valles de montaña no tenga acceso a vías o aguas, y en las áreas mecanizables no tengan acceso a vías y riego, se debe tener una intervención distinta, es decir, una articulación directa con el Estado a fin de atacar los problemas viales y de irrigación, especialmente.

Si no se hace de este modo, nunca podrán pagar el nuevo impuesto, y, en consecuencia, tenderán a desestabilizar la legitimidad del Estado mismo (como ha sido histórico en Colombia). Otra cosa absolutamente distinta es que, ante tales apoyos, el régimen hacendatario insista en perdurar, lo que solo puede enfrentarse con expropiaciones y la defensa política activa y civilista de la legitimidad de la medida. 

No se puede olvidar que, desde 1901 hasta 2012, se adjudicaron en el Tolima 746.314 has, lo que equivale a 31% de la extensión departamental.

 

Estas tierras pasaron a áreas rurales privadas, y no solo explican la presión de las explotaciones en el bosque andino, alto andino y páramos, especialmente, sino también el origen de buena parte de la gran propiedad de ladera y del valle de montaña en el piso frío y paramuno, históricamente marginada de las inversiones en infraestructura.

 

Una reforma agraria, relativamente bien implementada, es una “maniobra” de política pública exitosa e históricamente probada. Se debe considerar a fondo su necesidad para superar la “pobreza material” del campo, lo que también genera enormes impactos positivos para la “calidad de vida” de las ciudades que gravitan alrededor de los territorios intervenidos.

Sin embargo, los ajustes institucionales, los arreglos público-privados, las inversiones públicas, la transparencia en las expropiaciones, etcétera, constituyen una complejidad de retos, siempre pospuestos, que se deben enfrentar cuanto antes. Si el candidato presidencial Gustavo Petro pretende de manera realista reformar el campo, debería tomar nota de estas consideraciones, las cuales sintetizan muchas experiencias de nuestra región y de otras naciones latinoamericanas.      

One comment

  • Usted No Sabe Quien Soy yo

    30 abril, 2018 at 4:13 PM

    Alguien me compartió este artículo y no pude evitar responderle, dado que este artículo demuestra la recurrente desconexión entre la academia y el mundo real en Colombia. Voy a cambiar el nombre del municipio y mi nombre para no meterme en problemas con la gente poderosa de la región de la que hablaré. Hace casi un año, 20 años después de que las Farc sacaran a mi familia de su negocio agrícola en “Pavarandosito” al sur del Tolima, decidí después de 15 años de carrera profesional como asesor y luego consultor, volver al negocio. Y esto fue lo que me encontré:

    Hubo allí una reforma agraria en los años 70´s, que hizo que a través del INCORA decenas de familias adquirieran parcelas. Lastimosamente el fenómeno de la urbanización y la falta de vias, equipamientos de salud y educación con profesores muy mal formados, ha hecho que con el tiempo, esas familias se envejecieran y fueron vendiendo e infortunadamente muchas las ha comprado la misma persona que estuvo en la cárcel por ser testaferro de “los maoistas” y quien hoy en día es el gamonal de la zona. Otras las han comprado por partes, personas como yo.
    Hablar de reforma agraria al estilo Siglo XX desconoce:
    1. que no hay quien quiera quedarse a trabajar en el campo, la población campesina se envejeció y sus hijos se fueron a la ciudad y no quieren volver
    2. que la tenencia formal de la tierra por sí sola en el mundo de hoy es esteril, sino se tiene buen capital para acceder a maquinaria e insumos, que por ser por importados son carísimos, la rentabilidad en el campo es de centavos, y todo desde el café hasta la pipa de gas, salen al doble de lo que cuesta en la ciudad, por las malas vías.
    3. Que mientras el Estado no ponga buena infratestructura por lo menos de vías y provea seguridad y justicia, y hospitales de el menos primer nivel, la reforma agraria será como pasó en “pavarandosito”, una solución de corto plazo (4 a 8 años) para que en el mediano y largo un gamonal con dinero legal o ilegal haga una contrareforma y vuelva a armar su latifundio.
    Menos escritorio y más buses de velotax señor Martínez para visitar el terreno, entrevistar, vivenciar muchos días, constatar, corroborar de lo que se está hablando.

    Saludos.

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