Enfoque de víctimas, la propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo

lapipaco10 noviembre, 201810min448
El Programa de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas que desarrolla CODHES y USAID, presenta 8 propuestas que buscan poner la atención en algunos de los elementos que se consideran centrales para la reparación integral de las víctimas desde un enfoque de derechos en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

Actualmente se está construyendo el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que es el principal instrumento de planificación del Estado. En el Plan se definen los objetivos estratégicos para el desarrollo de las Política Públicas del Gobierno, así como las metas que el Gobierno se traza en los próximos 4 años. Es por ello que resulta muy importante incorporar el tema de víctimas en el Plan.

El Programa de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas que desarrolla CODHES y USAID, presenta 8 propuestas que buscan poner la atención en algunos de los elementos que se consideran centrales para la reparación integral de las víctimas desde un enfoque de derechos en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

Las propuestas se recogen en el documento “Las Víctimas en el Plan de Desarrollo: una propuesta frente al desafío de garantizar sus derechos”  Descargar documento

Estas son las 8 Propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo

  1. Financiación de la Política Pública de Víctimas
  2. Realización del Derecho a la Reparación
  3. Protección y Garantías de No Repetición
  4. Superación de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas a
    través de la generación de ingresos y estabilización socio económica
  5. Vivienda, retornos y reubicaciones
  6. Construcción de paz territorial
  7. Integración de la política pública para la garantía de los derechos a la Verdad,
    la Justicia, la Reparación (VJR) con otros derechos e instancias de protección
  8. Fortalecimiento de la implementación de los Enfoques Diferenciales

De acuerdo con la socialización que ha realizado el Gobierno, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, este nuevo PND estaría orientado en doce componentes principales, así:

A) legalidad y seguridad
B) emprendimiento y productividad
C) crecimiento verde
D) ciencia, tecnología e innovación
E) equidad: política pública moderna para la inclusión social y pro
– ductiva
F) conectar territorios y fortalecer la descentralización
G) transporte y logística para el comercio exterior e integración
regional
H) transformación digital
I) bienes públicos y rrnn para la productividad y la equidad
J) economía naranja y cultura
K) las Paz que nos une
L) una administración pública eficiente y al servicio del ciudadano

Ley de víctimas desfinanciada

Particularmente, en el componente k) denominado “La Paz que nos une”, se ha incluido el tema de las víctimas, el desarrollo de instrumentos y herramientas para alcanzar la paz, así como elementos para una mayor coordinación y eficiencia para esa estabilización.

Es en este componente donde se espera un compromiso fuerte del Gobierno nacional con la garantía de los derechos de las víctimas y la construcción de paz ya que la política de víctimas está desfinanciada. Así lo demostró la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, a pesar de que se asignó más recursos de los que inicialmente se planteó en los documentos CONPES 3712 de 2011 y 3726 de 2012.

Son necesarios $48,38 billones adicionales para poder atender cabalmente el financiamiento de la Ley 1448 de 2011. Así las cosas, se necesitan para los años 2018 – 2021, aproximadamente $129.29 billones de pesos constantes de 2018, valor superior al estimado por el Gobierno Nacional en la respuesta al Auto 373 de 2016 que fue de $ 28.4 billones de pesos constantes de 2018.

Reparación: administrativa y colectiva

A tres años del plazo para la terminación de la Ley de Víctimas, en materia de atención humanitaria persisten falencias en la gestión presupuestal desde la planeación hasta la ejecución de los recursos, generando riesgo e incertidumbre para su seguimiento y control. Sobre el total de indemnizaciones pagadas durante el cuatrienio se identificó que, de las 759.341 víctimas indemnizadas, el 48 por ciento corresponden a víctimas desplazamiento forzado, incluidas en el Registro Único de Víctimas. Sin embargo, frente al universo pendiente susceptible a indemnizar, se evidencia que el avance para las víctimas de desplazamiento forzado es del 5 por ciento.

Persiste el rezago en la implementación de Medidas de Reparación Individual y Colectiva: se presentan compromisos y obligaciones por encima del 99 por ciento, pero presentan pagos con registro en ceros, lo que significa que los recursos no llegaron efectivamente a los destinatarios dentro de la vigencia.

En términos de reparación administrativa individual la medida presenta un avance del 11.2 por ciento, frente al universo de víctimas del conflicto armado que tienen derecho a esta medida. Esto significa que, al ritmo actual de implementación de la medida, se requerirán de 57 años para pagar la totalidad de las indemnizaciones.

Sobre la reparación colectiva, El 50 por ciento de los sujetos de reparación colectiva está todavía en fase de identificación, y sólo el 20 por ciento de los mismos cuentan con un Plan Integral de Reparación colectiva en fase de implementación. Graves dificultades de coordinación y articulación entre las diferentes instituciones que impiden la materialización de algunas de las medidas de los Planes Integrales de Reparación Colectiva. Desde el año 2016 no se aumenta el número de sujetos colectivos que tengan al menos dos medidas de reparación implementadas.

Los retos para la protección y garantías de no repetición

El presupuesto asignado en el año 2018, en materia de Garantías de No Repetición, disminuyó en un 50 por ciento con respecto al del año 2017. Por otro lado, se han promovido instrumentos para avanzar en el establecimiento de garantías de no repetición, como la Ley 975 de 2005 (reincorporación a la vida civil de los desmovilizados), y la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras).

De tal manera que lo que necesita en materia de protección y garantías de no repetición es: aumentar el presupuesto al menos en un 60 por ciento. Convertir la seguridad humana una prioridad inmediata con énfasis en la prevención, la protección de derechos y la concertación de medidas diferenciales con sus beneficiarios y las comunidades, fortaleciendo la dimensión colectiva y territorial de las mismas, así como el reconocimiento de modelos de autoprotección comunitaria.

Diseñar e implementar una estrategia de prevención y protección en consulta con las víctimas. Fortalecer los mecanismos de justicia transicional que aseguren la creación de condiciones para la reconciliación y garantías efectivas de no repetición de los hechos victimizantes con ocasión del conflicto armado. Y Adoptar las medidas necesarias para prevenir el desplazamiento forzado, incluyendo los casos atribuidos a grupos armados ilegales surgidos con posterioridad a la desmovilización de organizaciones paramilitares.


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