El complot para retroceder la UT a la politiquería total

Ricardo Perez21 noviembre, 201821min220
Ricardo Pérez
En medio de la difícil situación por la que atraviesa la educación superior, la universidad del Tolima debe intentar recuperarse de los estragos que dejó la administración Muñoz, mientras se defiende de las demandas y ataques con los que la antigua administración pretende prolongar la crisis y recuperar prebendas con las que gozaban en la anterior rectoría.

El 29 de enero de 2016, el entonces rector de la Universidad del Tolima, José Herman Muñoz Ñungo, solicitó en el Consejo Superior según el acta 01 de ese año, que la Universidad fuera intervenida por el Ministerio de Educación con la ley 550, o ley de quiebras, lo cual hubiera ocasionado lo que ocurrió en la Universidad del Atlántico desde el 2005.

 

Acta01

Vea el documento completo: Acta 01 de 2016 del CS

En aquél entonces el MEN intervino esa institución, despidió a sus trabajadores de planta, impuso de rectora a Ana Sofía Mesa, una funcionaria con muy poca experticia en el manejo de universidad pública como quedó demostrado hasta la saciedad, que además, luego del despido de trabajadores de planta se inventó una nómina paralela, manejada por la gobernación y diferentes congresistas, lo que actualmente representa una deuda de la Uniatlantico de $500 mil millones de pesos.

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El exrector Muñoz pretendió salvar su responsabilidad dejando que el Ministerio de Educación interviniera y nombrara a la mismísima Ana Sofía Mesa de Cuervo (quién sonó para este cargo), mientras a Muñoz lo podían sacar, y salvar políticamente, de la UT a algún cargo en la Gobernación o el Ministerio, gracias a sus conexiones políticas con el entonces gobernador Luis Carlos Delgado Peñón, los congresistas Guillermo Santos y Mauricio Jaramillo, entre otros.

De haber logrado sus pretensiones, se habría tenido que despedir a todos, cerrar la UT por lo menos un año y reabrirla con difíciles condiciones financieras, sin prácticas, sin restaurante, sin empleados de la base, que en el caso de estas neoliberales intervenciones, son los primeros que “llevan del bulto”.

En el presente año y el pasado, la Universidad del Tolima ha sido víctima de numerosas demandas, acciones populares, tutelas. Uno puede empezar por la demanda interpuesta por el exrector Muñoz, en la que pretendía una indemnización de, al menos, 700 millones y que lo restituyeran al cargo de rector.

Esta demanda fue fallada por el Tribunal Administrativo del Tolima el 19 de julio de 2018, con ponencia del magistrado Belisario Beltrán Bastidas, en una sentencia que demostraba que la renuncia del exrector a su antiguo cargo se debió al accionar de la Huelga de hambre triestamentaria (tal y como en efecto ocurrió), y no al Consejo Superior como pretendía Muñoz para justificar un retiro forzado del cargo; esto pese a que él mismo había firmado el Acta del 15 de julio de 2016, dónde se acordaba la finalización de la Huelga de Hambre llevada a cabo por miembros de los sindicatos de Aspu (de profesores), Sintraunicol (de trabajadores) y estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la cual el punto 5 decía que él estaría en el cargo hasta el 31 de julio; y que también había entregado la carta en la que decía que “dejaba su cargo a disposición”, términos que no eran más que un eufemismo para no usar la palabra “renuncia”.

Una artimaña para poder demandar, pero no contaba con la validez del documento público en el cual él firmó y se acogió a los puntos para que la huelga de hambre finalizara.

Vea aquí el acta de levantamiento de la huelga de hambre

Levantamiento Huelga de HambreLevantamiento Huelga de Hambre2

Las subsiguientes demandas han sido interpuestas por el exasesor jurídico de la UT, durante la rectoría de José Herman Muñoz, Eduardo Oviedo o por Félix Salgado Castillo, profesor de planta de la UT de la actual Facultad de Ingeniería Forestal (con la ayuda del mismo Oviedo y de una exprofesora ocasional de la UT que no pudo entrar a la planta profesoral).

Félix salgado ha figurado como demandante en seis ocasiones (y uno de sus coayudantes en los procesos ha sido Eduardo Oviedo) y ha interpuesto dos tutelas que decían que se le “impedía” el acceso a la información pero ambas terminó perdiéndolas.

En una de ellas pedía información sobre la formación, cursos orientados, remuneración, entre otros datos, de los profesores de planta que habían asumido cargos académico-administrativos, con el propósito de demostrar que se habían subido costos, como si el hecho de que quienes ya estaban vinculados, y con ciertas funciones de los ejes misionales de cualquier universidad fuesen a ocasionar sobrecostos, cuando de por sí, ya estaban vinculados.

¿Por qué un profesor de planta se dedica sin descanso a demandar a la UT?

Definitivamente no es el único que está dedicado a ello, hay todo un equipo que procede de la antigua administración de Muñoz de la UT que se empeña en ello.

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¿Qué perdieron?

Perdieron los cargos de gobierno universitario en los que contrataron sin cesar y despilfarraron; porque cuando José Herman Muñoz como rector, David Benítez como Vicerrector Académico, Juan Fernando Reinoso (luego Henry Rengifo) como Vicerrector Administrativo, Humberto Bustos en la Oficina de Investigaciones y Miguel Espinosa como director de la ODI (quién revisó y avaló los presupuestos de 2013 y 2014, los años en que más dinero dilapidó la administración universitaria y él mismo, desde su oficina, que manejaba como un hacendado), asumieron el 1 de noviembre de 2012 la dirección universitaria, tuvieron a su disposición el superávit de algo más de $ 25.000 millones para armar el presupuesto de la vigencia 2013. Superávit que desde entonces no ha vuelto a existir, sino al contrario cada año la UT cierra con déficit y en 2016, cuando Muñoz renunció (por la acción de la huelga de hambre) a la rectoría, dejó un déficit de $ 25.000 millones, es decir que se gastó el superávit más el déficit que da la recalcitrante cifra de $ 50.000 millones.

Vea el documento del presupuesto para la vigencia de 2013 (recursos de capital)

Y cuando se creó en el 2013 la oficina de Proyección Social (dirigida por Stephanie Andrade, quién no era profesora de planta, ni tenía un perfil pleno para esta labor), y en el 2014 la oficina de Gestión Ambiental (dirigida por Mario Vera, antiguo líder estudiantil que impulsó a Muñoz y quién no es profesor de planta), estas se sumaron a la Vicerrectoría Académica y a la Oficina de Investigaciones en el disparo de la nómina y de los Contratos de Prestación de Servicios en un aumento del orden del 80%.

Y lo peor es que las cuentas de la Universidad se manejaban como las de una tienda en la que David Benítez, Vicerrector Académico, firmaba y nunca se tenía la certeza ni el documento que pudiera precisar a dónde exactamente había ido el dinero o qué se había hecho con ese contrato o si se había cumplido. Así se evidenció en un informe sobre la situación financiera de la institución presentado por Muñoz el 22 de noviembre de 2015, informe al que le faltaban “detalles” como el del Hospital Veterinario.

Vea el documento Situación financiera UT 22 de noviembre de 2015

Actualmente están perdidos más de $ 765 millones de la obra del Hospital Veterinario, una suma que Muñoz como rector autorizó que le fuera transferida a la cuenta de ahorros personal del ingeniero Eduardo Borgogno y no a la cuenta oficial de la obra así como debe ocurrir en cualquier proyecto que se construye con dineros públicos. A pesar de que el caso ha estado en manos de la Contraloría departamental, la Procuraduría y la Fiscalía, hasta el momento no se ha logrado que las investigaciones lleguen a los efectivos responsables y a recuperar el dinero perdido.

Volviendo a las demandas instauradas por Félix Salgado, las seis tienen distintas pretensiones pero están dirigidas a hacer retroceder la UT a un estado en que las prácticas clientelistas sean el común denominador, como entre otras:

  • Se pretende devolver la autoridad nominadora de los directores de programa, de los secretarios académicos de facultad y del gasto de cada facultad, a los decanos. De ahí se conecta la acción de que no se fusionen facultades, por ejemplo. Es muy claro que aparte de la desastrosa administración de Muñoz, el hecho de que los decanos fuesen elegidos por los estudiantes de cada facultad y por los profesores de planta y catedráticos, en medio de unas prácticas absolutamente politiqueras contribuyó decididamente al déficit de la institución; porque estando la universidad tan permeada por esas prácticas, llevó a que la compra de votos con dinero, promesas de aumento de cátedras para cada profesor, aumento en las notas y cupos en diplomados para cada estudiante, fueran las que primaran, para conseguir que decanos como Carlos Montealegre, Andrés Felipe Velasquez, Luis Alfredo Lozano, Martha Núñez o Germán Calderón, entre otros, se eligieran en medio de estas maniobras que también impulsó Muñoz con su Vicerrector Benítez, quién controlaba las elecciones personalmente en el coliseo, tal y como si fuera una feria en la que los pendones, las vallas, los afiches de los candidatos se distribuían por la Universidad convirtiéndola en un pueblo, en el que, como en Comala o Macondo, los politiqueros llegaban para vender sus promesas y comprar conciencias en medio de votantes que velaban por sus propios y minúsculos intereses (que en verdad no les serviría luego para nada) y no por el bien colectivo.
  • Se pretende anular todas las actuaciones del período de interinidad del actual rector Omar Mejía, conduciendo a que el presupuesto de 2017 y de 2018, no sean válidos; también se pretende anular la creación de nuevos programas que ya están cursando diversos estudiantes y que los procesos de acreditación dados a programas y la acreditación de alta calidad para la Universidad no se puedan hacer. Es decir, llevaría a la UT a un caos institucional total en el que los principales perjudicados serían los estudiantes y la vida de la institución como la única entidad de educación superior de la región que sirve a los tolimenses que solo pueden estudiar en la cercanía de sus hogares, sean en cualquier lugar del Tolima, por sus recursos limitados.

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La más reciente demanda fallada en el Tribunal Administrativo del Tolima con el magistrado ponente José Aleth Ruiz Castro, fue la de nulidad de la elección de Omar Mejía como rector en propiedad de la UT en el período 2018-2022. En la sentencia se aplican normas de carácter general y del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mientras que las Universidades en Colombia, como entes autónomos, no se rigen por ese código sino por sus propios estatutos y acuerdos. En la sentencia se hace un tejido jurídico de normas que no aplican para configurar la nulidad en la elección del rector; en todo caso esta sentencia tiene la siguiente instancia del Consejo de Estado, porque como ocurre tantas veces en Colombia, en las sentencias se acomodan normas debido a las diferentes presiones políticas y no se falla con el Derecho que exactamente corresponde al caso, sino que se usa la normativa que convenga. No es un fallo jurídico, sino político que desconoce el deber ser de la administración de justicia.

SENTENCIA-2018-Caso nulidad Omar Mejía-1

Vea completa la sentencia del caso de nulidad Omar Mejía

El profesor Félix Salgado, además de este amplio bagaje como leguleyo, tiene un incumplimiento en la comisión de estudios que le fue aprobada en la Universidad del Tolima para hacer el doctorado en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas (es decir que estudia desde agosto de 2011 y a la fecha no ha terminado, ni realizado su tesis en el tiempo que fue acordado con la UT), lo cual lleva a un detrimento patrimonial de al menos $ 450 millones de pesos. Una forma que utiliza para defenderse de que no le cumplió a la institución es atacarla con todas las argucias jurídicas habidas y por haber, porque ya no están los amigos que le patrocinaban en el poder cargos como el de jefe de la Oficina de Gestión Tecnológica, o los que le garantizaban que no le iniciarían un proceso por su incumplimiento.

El hecho de que la administración de la UT esté ahora llevando tantos casos, le entorpece el gobierno universitario porque las aves de rapiña que ven la institución como su presa que les alimenta y les da lujos, no descansan en toda la embestida de artimañas jurídicas, de ataques que hacen circular como anónimos, de incumplimiento de sus funciones, que lo único que buscan es retomar el poder para volver a la situación de clientelismo desbordado, de creación de cargos, de coimas (como la del hospital veterinario, por ejemplo), de lucro personal y feria politiquera en la que estuvo sumida la UT de 2012 a 2016.

Contexto: ¿Por qué no aceptamos la invitación, y entre todos construimos una Nueva Historia?

Ojalá que los actores universitarios, estudiantes, profesores y funcionarios así como debiesen estar unidos en la lucha nacional contra la desfinanciación, también estuviesen unidos para conocer la verdad, informarse con todo el sustento de lo que ha ocurrido en la institución, de que hay unos culpables que circulan por el campus utilizando la estrategia del uribismo para desinformar, robar datos, atacar la plataforma, crear eslóganes con los que insultan y desacreditan a quienes han defendido la institución contra esta rapiña politiquera; en toda caso la verdad está en la historia reciente, sólo hay que buscarla y exponerla como acá se hizo.

Nuestra labor ciudadana es que cuando hay fisuras en la ley, utilicemos el conocimiento de la historia, de la conciencia social crítica, de las diferentes instancias y de la movilización, para que la verdad salga a flote. En eso estamos.

 

Por: Ricardo Andrés Pérez
Profesor de planta, Facultad de ciencias Humanas y Artes
Universidad del Tolima


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