El campesinado quiere quedar en el Plan Nacional de Desarrollo

Campesinos Tolima 03 www.lapipa.co
lapipaco26 enero, 201910min394
Luego de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, los labriegos de todo el país se han unido para pedirle al gobierno, entre otros elementos, que el Estado recaude información estadística detallada de las condiciones de vida de esta población.

Por primera vez, el campesinado colombiano presentó una propuesta conjunta ante el gobierno nacional con el propósito de incluir medidas y programas específicos en la ley de Plan Nacional de Desarrollo, que le permitan al campesinado gozar de sus derechos en condiciones de igualdad.

El “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”, que se entregó al Consejo Nacional de Planeación del gobierno nacional, fue suscrito por distintas organizaciones del nivel regional —Mesa Campesina Cauca – PUPSOC— y nacional —Coordinador Nacional Agrario (CNA), Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO – CUT), Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) y Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC)—.

Por ahora las bases del PND sólo tienen en cuenta al campesinado en asuntos de desarrollo agropecuario y rural, educación y participación ambiental, y resolución de conflictos interculturales. Por su parte, la propuesta campesina es más amplia, pues abarca ocho líneas estratégicas(i) acceso, formalización y territorialidades campesinas-áreas protegidas; (ii) fortalecimiento de la economía campesina y adecuación institucional; (iii) acceso a derechos; (iv) infraestructura productiva; (v) cultivos de coca, marihuana y amapola; (vi) ambiente y cambio climático; (vii) mujer campesina; y (viii) jurisdicción agraria.

La propuesta parte del diagnóstico de las condiciones de extrema pobreza en las que se encuentra el campesinado frente a otros grupos poblacionales, según distintas cifras oficiales.

La Misión para la Transformación del Campo resalta que existe una brecha en materia de pobreza extrema y multidimensional entre las zonas rurales y urbanas: la clase media alcanza el 11 % en comparación con el 39 % existente en las zonas urbanas, lo que demuestra que el 89 % de la población rural es pobre o vulnerable.

Esto lo corrobora la Encuesta de Calidad de Vida de 2016: la cobertura de acueducto en las cabeceras municipales es del 97,5 % y de 60,1 % en la zona rural, y la de alcantarillado es de 93,6 % y 17,3 %, respectivamente. La asistencia escolar de personas entre 17 y 24 años 65,4 % en las áreas urbanas y 32,2 % en la rural.

En el caso de las mujeres rurales, la Misión para la Transformación del Campo señala que su situación es peor que la de los hombres rurales y la de las mujeres urbanas. El Tercer Censo Nacional Agropecuario indica que el 12,6 % de las mujeres rurales mayores de 15 años son analfabetas frente al 12,4% de los varones.

En la misma línea, el DANE precisa que los indicadores de pobreza multidimensional comparados entre cabeceras municipales y la población ubicada en zonas dispersas —que están especialmente pobladas por el campesinado— reflejan la brecha de acceso a derechos.

Mientras el indicador de analfabetismo en cabeceras municipales es de 2,3 puntos, en las zonas rurales dispersas alcanza 25 puntos; el trabajo informal en cabeceras es de 74,2 puntos y en las zonas dispersas es de 92,2; y la ausencia de aseguramiento en salud en las cabeceras es de 14,5 puntos frente a 17,8 puntos en las zonas dispersas.

Que se mida la calidad de vida del campesino

Para superar esos obstáculos, la propuesta plantea que el Estado recaude información estadística detallada de las condiciones de vida del campesinado. Esta es una petición que 1.770 campesinas y campesinos habían llevado a los jueces en una acción de tutela, la cual fue decidida por la Corte Suprema de Justicia a inicios de este año.

Ante el CNP, las organizaciones campesinas proponen que el DANE incorpore preguntas sobre el autorreconocimiento de la vida campesina y los modos de producción en mediciones como la Encuesta Nacional Agropecuaria, la Encuesta de Calidad de Vida o la Gran Encuesta Integrada de Hogares.

César William Díaz, vocero de la Mesa Campesina Cauca – PUPSOC, resaltó en la reunión con el CNP que «la población campesina no es el “resto rural”, como es calificada por los instrumentos estadísticos actuales; sino que tiene “nombre y apellido”, por lo que el campesino debe ser contado en los censos y las encuestas, e incluido en el plan de desarrollo».

Otras medidas que el campesinado propone están relacionadas con la formalización de Zonas de Reserva Campesina y los Territorios Campesinos Agroalimentarios; la construcción de centros de acopio y distribución de alimentos, que sean administrados directamente por asociaciones campesinas; la adopción de Proyectos Institucionales de Educación Campesina y Rural; el lanzamiento de los Juegos Deportivos Nacionales Rurales Campesinos; y la lucha contra la violencia sexual, física y psicológica, que sufren las mujeres, los niños y las niñas campesinas.

La ONU los reconoce, ¿Por qué el Estado colombiano no?

La participación del campesinado en el PND hace parte de su estrategia amplia de su reconocimiento como sujeto político y de derechos. Por años el Estado colombiano ha desconocido la relevancia política, social y económica de la vida campesina, lo que ha resultado en la desvalorización del campesinado.

Tras más de 17 años de arduo trabajo de los movimientos campesinos para que sus derechos fueran reconocidos, el pasado 17 de diciembre la Asamblea General de la ONU en su 73° Período de Sesiones adoptó formalmente la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

Esta Declaración es una herramienta del marco normativo internacional que brinda ciertos lineamientos y que permitirá a los países desarrollar y fortalecer políticas específicas que atiendan las particularidades de campesinas y campesinos, pues trae al escenario internacional tres derechos vitales: el derecho a la tierra, el derecho al agua y el derecho a las semillas.

A su vez, la Declaración protege los derechos esenciales del resto de la población, incluyendo la urbana, pues las complejidades del sistema alimentario tienen una estrecha relación con el derecho a la alimentación, a la salud y a un ambiente sano.

El documento aprobado contiene 28 artículos, los cuales están guiados por seis ejes fundamentales (que en buena parte recoge la propuesta presentada al CNP para que sea incorporada al PND):

i) derecho a un nivel de vida adecuado; ii) derecho a la soberanía alimentaria, lucha contra el cambio climático y conservación de la biodiversidad; iii) adopción de reformas agrarias estructurales y protección frente al acaparamiento de tierras; iv) derecho a que las y los campesinos puedan conservar, utilizar, intercambiar y/o vender sus semillas; v) derecho a recibir una remuneración digna por sus cosechas y trabajo, y vi) derechos colectivos para contribuir a la justicia social sin ningún tipo de discriminación.

A pesar de la decisión del Gobierno en la ONU de abstenerse de votar, la Declaración le da un importante respaldo al campesinado colombiano. Si bien el documento no es de obligatorio cumplimiento, ya empezó un rol fundamental como herramienta de principios y parámetros de interpretación a la hora de tomar decisiones judiciales, legislativas y/o comunitarias que afecten a la población campesina.

La adopción del Plan Nacional de Desarrollo es una de ellas.

 

* Con información de @Dejusticia. Foto suministrada por Viviana Sánchez


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