El ambiente en el presupuesto: una ‘chichigua’

William Salamanca Lara1 octubre, 201810min4950
Con la reducción del presupuesto para el 2019 se debilitan: investigaciones para el debate sobre fracking, las acciones para frenar la deforestación, la protección de páramos y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Vale la pena preguntarse quiénes son los beneficiarios de esta política?

Pese a las “diferencias” entre el gobierno anterior y el actual, hay una política que parecen tener en común tanto el santismo como el uribismo en cabeza del presidente Iván Duque, y es en la política de reducción presupuestal al medio ambiente.

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Entre el 2015 y el 2018 el gobierno le quitó $46.603 millones de pesos al sector ambiental y la propuesta Duqista para el 2019 es reducir a menos de la mitad el presupuesto del 2018, pasando de $364.699 a $194.854 millones de pesos, apenas un 46% de lo que tienen este año.

Con la nueva asignación presupuestal para el 2019, temas de vital importancia para el país y el sector ambiental no podrán atenderse por falta de recursos a demás de nuevas cargas que reciben las instituciones como:

  • Gestionar un poco más del doble de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP que existían hace 8 años,
  • gestionar los páramos del país bajo los nuevos requerimientos de la ley de páramos, hacerle frente a la creciente deforestación y
  • zanjar el debate alrededor del fracking y determinar si se puede hacer o no, en qué condiciones y en dónde.

¿A quién beneficia esta reducción de presupuesto?

El debate sobre Fracking sigue en pie y los promotores se escudan en la falta de elementos científicos para sustentar si se debe o no implementar esta técnica en Colombia. Sin embargo, para que existan estos elementos científicos se requiere de investigación, la cual estaría sin presupuesto.

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Sobre el uso del glifosato y sus efectos nocivos sobre la población, la mortandad de abejas a causa de pesticidas, las concesiones mineras en páramos y reservas hídircas, entre otros aspectos primordiales para la protección de los recursos naturales del país, estos quedarían a merced de la corporaciones extractivistas quienes cuentan con todo el presupuesto disponible para imponer sus proyectos a ultranza del medio ambiente.

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Finalmente, en el ámbito regional vale la pena recordar las denuncias del director de Cortolima sobre la presunta intervención de Petrobras en el bosque de Galilea, el último bosque de niebla del departamento y uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia.

MinDefensa vs. MinAmbiente ¿a quién favorece el gobierno?

En le incidente con Cortolima, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.17 del Ejército Nacional y personal de seguridad de Petrobras, impidieron a los delegados de la máxima autoridad ambiental en el departamento, la entrada al bosque de Galilea para “evitar desmanes” según  comunicado de la sexta brigada.

Esta intervención de Cortolima obedecía, entre otras actividades de carácter científico, a las constantes denuncias de los pobladores de la región sobre la presunta intervención que adelanta Petrobras en el Bosque Galilea y la posibilidad de exploración de fraking.

En ese sentido, las actividades ocultas de Petrobras en el bosque de Galilea son protegidas por el Ejército Nacional de acuerdo a un convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la empresa Petrobras Colombia.

¿Y los recursos del impuesto al carbono?

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del 100% del impuesto el 25% es destinado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para actividades ambientales relacionadas con erosión costera, reducción de la deforestación, conservación de fuentes hídricas, conservación de ecosistemas estratégicos y cambio climático, el 70%  al Fondo Colombia Sostenible, y como legado del gobierno Santos, el 5% restante a perpetuidad, va para Herencia Colombia, un programa que busca incrementar y mejorar las áreas de conservación estratégicas de Colombia.

Según MinAmbiente el impuesto al carbono recolectó en 2017 $140 millones de dólares, no obstante, la intención de captar recursos para el medio ambiente con este impuesto es fortalecerlo mas no financiarlo por completo ya que siguen siendo insuficientes para toda la labor que hay por hacer.

El medio ambiente no es exclusivo de ambientalistas

Contrario a la creencia popular el medio ambiente no es un tema que afecte solo a los ambientalistas, el deterioro de la calidad ambiental compromete a toda la sociedad y la economía nacional. De hecho, el descuido de este sector genera pobreza rural y futuros conflictos derivados de las precarias condiciones en las regiones con menos recursos naturales y la disputa por el control de los sectores donde aún queda riqueza natural.

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Por otro lado, los institutos de investigación que han hecho fundamentales aportes al conocimiento del país y el funcionamiento de sus ecosistemas, llevaron la peor parte pues para 2019 se propuso no asignarles nada. En el caso de Parques Nacionales, recibió una reducción del 60%, mientras que para el ministerio del Medio Ambiente la reducción es del 93%.

En los últimos 18 años el Presupuesto General de la Nación para el ambiente ha tenido una disminución sistemática y al presente ha pasado del 0,43% al 0,33%.

Cooperación Internacional, el salvavidas del medio ambiente

Entre 2010 y 2015 aproximadamente el 13% del presupuesto de cooperación internacional fue destinado a temas ambientales, donde Estados Unidos, Alemania y Noruega fueron los mayores aportantes. Datos de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APCI).

Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente en el 2017 recibió recursos por $330 millones de dólares para el sector ambiente que fueron destinados a proyectos como Visión Amazonía ($23.3 millones de dólares), Herencia Colombia ($7 millones de euros) y Ambientes para la Paz ($6 millones de dólares), entre otros.

Para el 2018 el ministerio cuenta con estos recursos para enfrentar la deforestación y degradación de bosques y así cumplir compromisos internacionales y lograr el pago por resultados. Estos resultados han situado a Colombia como el primer país en alinear sus prioridades nacionales de desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro está, sin el presupuesto nacional.

Así las cosas, parece que es política de estado que los organismos de investigación y ambientales completen sus presupuestos con los aportes generosos de la cooperación internacional. De no ser por estos salvavidas, los problemas ambientales en Colombia serían mucho más graves a los que tiene hoy en día.

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