Demandar la U.T, el ‘deporte’ de la oposición

lapipaco29 octubre, 201813min2898
Derechos de petición, tutelas, acciones de nulidad electorales, entre otras acciones jurídicas, tienen ‘sitiado’ el equipo directivo de la institución. Detrás de estas “maniobras” se estaría conjurando un plan para darle un golpe de estado al Rector. El Consejo Superior denunció estos hechos.

Los disturbios de la semana pasada, y la declaración de asamblea permanente por parte de los estudiantes, hizo que pasara desapercibido un comunicado del Consejo Superior de la Universidad del Tolima que puso en conocimiento de la comunidad universitaria la supuesta “campaña de desinformación” y las “maniobras” que pretenden desestabilizar el plan de recuperación del alma mater, y la administración de Omar Mejía.

Este comunicado es sui generis, en tanto que el órgano de dirección no acostumbra a pronunciarse en tono de denuncia, ni tampoco a inmiscuirse directamente en el tejemaneje político al interior de la institución, lo cual indica que “hay preocupación en las alturas”, según nos dijo uno de los consejeros off the record.

De acuerdo con la comunicación oficial, la defensa de la universidad pasa por una “disputa de intereses particulares que en nada consultan o atienden al interés colectivo fundamental”.

Para ampliar: La guerra por la Universidad del Tolima

 

“Es así como este Consejo, y el equipo directivo y jurídico de la Universidad del Tolima, ha tenido que hacer frente a un (sic) gran campaña de desinformación y un sinnúmero de tutelas, derechos de petición, acciones de nulidad electorales, entre otras, con las que algunos sectores minoritarios buscan deslegitimizar nuestras decisiones en torno al nombramiento del actual rector (…)”, dice.

El comunicado continúa señalando que “(…) el proceso de estabilización final de la universidad se puede ver truncado debido a estas maniobras que desconocen el trabajo colectivo de estudiantes, profesores, funcionarios y equipo administrativo, cuyos esfuerzos de austeridad hacen posible avizorar un panorama distinto, superando así la pasada administración que condujo a la UT adportas (sic) de la intervención” (descargue el comunicado).

Para ampliar: El físico que reventó la UT

 

La oposición en los tribunales

La Pipa consultó con varias fuentes acerca de los procesos judiciales que actualmente enfrenta la universidad, y encontró que se trata de seis demandas y dos tutelas, además de un arsenal de derechos de petición.

 

El profesor Félix Salgado, presidente de la Asociación Sindical de Docentes de la UT, lidera las acciones jurídicas en contra de la administración, junto a los abogados Eduardo Oviedo y Paola Sandoval.

 

La primera acción fue una demanda electoral interpuesta por el abogado Eduardo Oviedo, quien fue asesor jurídico de los tres últimos rectores: José Herman Muñoz, Héctor Villarraga y Jesús Ramón Rivera.

Oviedo demandó el Acuerdo 021 de 2016 a través del cual fue nombrado Omar Mejía como rector interino durante el primer año de transición. Aunque el fallo del Tribunal Administrativo conservó el espíritu del Acuerdo y, en ese sentido, no concedió las pretensiones de la demanda, sí controvirtió el término “interinidad” por no existir en la normativa de la universidad. Por ahora, la pelota está en la cancha del Consejo de Estado.

Para ampliar: UT: entre la incertidumbre, las piedras y los intereses personales

Oviedo trabaja de manera articulada con la abogada Paola Sandoval, quien dirigió el consultorio jurídico de la universidad. Junto con los dos abogados, el profesor Félix Salgado, presidente de la Asociación Sindical de Docentes de la UT, Asdut, lidera las acciones jurídicas en contra de la administración Mejía.

Según conocimos, viene una nueva demanda al Acuerdo 021 de 2016, que vuelve contra la figura de interinidad, el período de transición, pide el restablecimiento de los directores de programa, los secretarios de unidad académica y los asistentes de departamento, e insiste en que José Herman Muñoz no renunció, sino que fue obligado a dejar el cargo.

Es decir, se pretende volver a la universidad del 2016.

Estas son prácticamente las mismas pretensiones de una demanda de acción popular, distinta a las anteriores, que ya fue fallada en primera instancia a favor de la universidad, pero cuya apelación está en trámite.

También cursan dos demandas de nulidad en contra el Acuerdo 031 de 2017, que suspendió los procesos electorales en la universidad durante el segundo año de transición.

Sin embargo, aunque ambas apuntan a tumbar el mismo Acuerdo, las pretensiones son distintas: la primera, cuyo fallo sería conocido esta semana, pretende que se reabran los procesos electorales, fundamentalmente los del Consejo Superior. Dichos procesos ya fueron abiertos y los nuevos representantes elegidos y posesionados, el período de transición ya terminó y el rector fue elegido en propiedad, por lo cual no estaría claro cuál sería el efecto en la realidad, en caso de que se falle a favor de los querellantes.

Para ampliar: Omar Mejía, el hombre de la fortuna

La segunda va más allá y pretende echar abajo todas las actuaciones del Consejo Superior que fueron aprobadas por los consejeros cuyos períodos se encontraban vencidos (pero que seguían en el Consejo Superior porque las elecciones se encontraban suspendidas).

Cuestiones clave como la elección del rector en propiedad, el presupuesto de 2018, la creación de nuevos programas y las actuaciones en función de acreditación de alta calidad quedarían en un limbo jurídico, y podría constituirse una situación de caos institucional. 

Las últimas dos demandas de nulidad pretenden tumbar dos acuerdos clave. El 033 de 2016, que le devolvió la potestad nominadora al rector, y el 015 de 2017, que amplía el período de rector a 4 años y prohíbe su reelección.

En el caso del primero, se pretende facultar a los decanos nuevamente para que nombren directores de programa y secretarios académicos, y tumbar la decisión de que esos cargos sean ocupados por profesores de planta.

A las acciones judiciales se suma un arsenal de derechos de petición y tutelas que alegan la violación al derecho de acceder a la información oficial. Por ejemplo, supimos que se solicitó información personal (formación, remuneración, entre otros) de los profesores que tomaron cargos académico-administrativos como las direcciones de programa y las secretarías de unidad académica, a lo cual la administración se ha negado.

 

¿Intereses particulares o intereses colectivos?

Aunque el bloque oposición, conformado por algunos miembros de las juntas directivas de los tres sindicatos de trabajadores (Sintraunicol, Asepcut y Sintraofut), uno de los de profesores (Asdut), y un sector de los  estudiantes, argumentan que su objetivo es “restablecer la democracia” abriendo las elecciones en las representaciones así como de los decanos, existen versiones según las cuales lo que se pretende es generar un clima de ingobernabilidad, por un lado, y avanzar en un golpe de mano al rector, por el otro.

Eso es lo que en ciernes se expresa en el comunicado del Consejo Superior.

Según varias fuentes, la oposición supuestamente está bien conectada con la clase política departamental e incluso con el Tribunal Administrativo, y no estaría desligada de la campaña electoral que se avecina por la gobernación. Versiones que esta redacción no ha podido corroborar. 

De cualquier manera, en caso de que logren tumbar a Mejía, sería el tercer rector de la UT en caer en menos de 10 años, una institución definitivamente “dura de gobernar”.


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