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¡Abran paso que viene la JEP!

lapipaco24 julio, 201811min6150
Pese a los ataques del Centro Democrático y del presidente electo, la jurisdicción especial de paz arrancó el estudio de los tres casos que comprometen a los jefes de las antiguas Farc-Ep y a la cúpula de las fuerzas militares. Secuestro, afectaciones a la población indígena y afro en Nariño y "falsos positivos", son los primeros asuntos que resolverá el alto tribunal, que cuenta con la bendición de la fiscal de la Corte Penal Internacional.

Mucho se ha dicho y debatido acerca de la justicia especial para la paz. Todo tipo de discusiones se han dado acerca de cuál debe ser su propósito, cuáles sus límites y, más recientemente, cuáles deben ser sus reglas.

Tanto ruido logró por momentos que se olvidara el fin último de este sistema de justicia alternativo: que quienes fueron protagonistas de la guerra aportaran la verdad que por tantos años ha faltado respecto a sus acciones. Con ella se busca ante todo, siempre es bueno recordarlo, llevar algo de alivio a las víctimas, además de las obligaciones que tendrán de reparar y garantizar la no repetición.

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Todo lo anterior ha vuelto a salir a flote como consecuencia del llamado a 31 jefes de las Farc ante la Sala de Reconocimiento de Verdad para rendir cuentas sobre un delito que generó rechazo, consternación y movilización entre los colombianos: el secuestro.

Al mismo tiempo, el general en retiro Henry Torres Escalante fue citado para comparecer también ante la JEP, y días después, el ex comandante de las fuerzas militares, general (r) Mario Montoya Uribe, firmó el pacto de sometimiento a JEP y su caso de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

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Los casos priorizados por la JEP

Los casos que adopta la JEP están definidos en términos de parámetros personales, asociando a individuos y a grupos de individuos la responsabilidad por los planes, políticas y patrones de macro-criminalidad competencia de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, y de Determinación de los Hechos y Conductas.

Los criterios que determinan la selección de casos son los siguientes:

  1. Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia;
  2. Ofrecer verdad a la sociedad colombiana;
  3. Proteger los derechos de las víctimas;
  4. Contribuir al logro de una paz estable y duradera; y,
  5. Adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno.

Desde ese punto de vista, la JEP priorizó tres casos:

El primero – caso 001 -, denominado “retención ilegal a personas por parte de las Farc-Ep”, surtió la primera diligencia judicial para reconocimiento de verdad y responsabilidad por parte de los ex jefes guerrilleros Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo y Carlos Losada, en un evento calificado por diversos analistas – y por la misma procuraduría delegada para la jurisdicción – como histórico.

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Los jefes de las antiguas Farc, Pablo Catatumbo, Rodrigo Londoño y Carlos Losada, durante su primera diligencia judicial en la JEP. Foto: Cable Noticias

 

La Sala de Reconocimiento, en un auto del 8 de julio, citó a 31 exjefes guerrilleros y especificó que lo hizo con base en el informe que presentó la Fiscalía General de la Nación a la Sala.

El documento señala que esta entidad cuenta con 6.162 investigaciones atribuibles a las Farc por estos hechos, que agrupan 8.163 víctimas y 4.314 procesados. De estas, la Fiscalía sólo conoce 275 sentencias condenatorias en la justicia ordinaria, proferidas contra 614 personas, incluyendo miembros del Estado Mayor Central de las Farc y del Secretariado.

En esta diligencia la Sala le trasladó a los 31 miembros de la exguerrilla, en discos compactos, documentos que contienen: los informes de la Fiscalía General de la Nación, 42 expedientes judiciales, la base de datos de la Fundación País Libre sobre víctimas cuyo paradero es desconocido y las investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica.

 

 

El segundo caso – caso 002 – tiene un enfoque territorial y busca esclarecer victimizaciones contra indígenas y afros de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en el departamento de Nariño. Por casos de desplazamiento forzado, confinamiento, minas antipersonal, así como demás violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH, la sala decidió priorizar esta situación.

La JEP ha logrado identificar alrededor de 1.000 hechos, principalmente, contra la población indígena (pueblo awá) e integrantes de Consejos Comunitarios (Río Chagüí, Alto Mira y Frontera). Esta justicia priorizó este caso debido a la vulnerabilidad de las víctimas, la representatividad de los hechos, la presencia de múltiples actores armados, la importancia económica y estratégica de las regiones en donde están asentados los pueblos étnicos.

Los hechos por los cuales inicia la etapa de reconocimientos estarían involucrados miembros de la fuerza pública, así como e integrantes de la antigua guerrilla de las Farc.

 

 

El tercer caso – caso 003 -, abierto esta semana, se denomina “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” cometidas antes del 2016, tristemente conocidos como los ‘falsos positivos’.

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Con esta decisión, la sala analizará la información que le ha sido entregada por entidades del Estado y organizaciones sociales, y dará inicio al llamado de versiones voluntarias por cuenta de miembros de la Fuerza Pública, entre ellos oficiales con posiciones de alto rango.

El auto 005, con base en el cual se abrió el caso, se sustenta principalmente en el quinto informe que le entregó la Fiscalía General de la Nación a la JEP, en el cual se identificaron 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, de las cuales el 48 % fueron hombres jóvenes entre los 18 y los 30 años. Según el informe, el fenómeno se disparó en 2002 y su etapa más crítica se evidenció entre 2006 y 2008.

 

 

Así las cosas, pese a los ataques del Centro Democrático y del presidente electo, Iván Duque, la jurisdicción avanza a paso firme, con la bendición de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien con ocasión de la visita a la sede de la Corte de la Presidenta de la Jurisdicción Especial, Patricia Linares, expresó mediante comunicado que:

“La forma en que la JEP implemente su mandato está intrínsecamente vinculada al objetivo de lograr la paz sostenible en Colombia. Por consiguiente, es de la mayor importancia que la jurisdicción especial continúe asegurando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante el conflicto armado no queden impunes. Seguiremos siendo un socio en ese esfuerzo, orientados por las exigencias del Estatuto de Roma”

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